Un diputado bonaerense solicitó sumarse a la ley sancionada por el Congreso nacional que promueve la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El pedido surge como necesidad de incluir políticas públicas que mejoren el sector de los pequeños y medianos productores.
El legislador oficialista, Walter Abarca, impulsó adherir a la Ley Nº 27118, reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la argentina. La ley sancionada a nivel nacional crea un régimen para regular este sector con una asignación presupuestaria de 1.500 millones de pesos.
El legislador señala que, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la agricultura familiar representa el 20 por ciento del PBI del sector agropecuario nacional, el 20 por ciento de tierras productivas y el 27 por ciento del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento del total de productores.
Además, el oficialista destaca que la normativa busca dar protección legal a las familias que poseen y trabajan la tierra desde hace décadas “Productores y productoras que por carencia económica o falta de políticas públicas diferenciadas no lograron la seguridad jurídica que por derecho merecen”.
La Ley prevé la promoción de las ferias locales, zonales y nacionales de la agricultura familiar para apoyar el contacto directo entre productores y consumidores. También contempla políticas de infraestructura rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades. Además, prioriza la investigación productiva para el desarrollo de los pequeños productores en conjunto con universidades y escuelas de educación agraria. Su organismo de aplicación será el Ministerio de Agricultura, con participación del Consejo de la Agricultura familiar, Campesino e Indígena.
Los principales contenidos del proyecto de ley fueron elaborados por la Federación de organizaciones nucleadas en la Agricultura Familiar (Fonaf), luego de un extenso debate con sus organizaciones de base que demandó más de 4 años. También han tenido participación el conjunto de organizaciones nacionales que representan a los movimientos campesinos, de pueblos originarios y pequeños productores.
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