Finalmente, legisladores de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción aprobaron el proyecto que propone la regulación para el uso de sustancias químicas en procesos productivos para esa provincia. El proyecto pasó al orden del día de la próxima sesión.
La iniciativa es de autoría del senador de Islas, Eduardo Melchiori quien destacó el trabajo realizado en comisión en los últimos meses y comentó que el objetivo es generar una herramienta legislativa que proteja la salud humana y la biodiversidad de nuestro territorio.
Luego, aseguro que se trata de “cuestiones ineludibles para nosotros” y confirmó que hubo consenso para el tratamiento del proyecto. “En cada reunión hemos tomado propuestas de todos los sectores”, apuntó el legislador.
El proyecto de ley analizado propone un marco jurídico para el manejo de “productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento, desarrollo, almacenamiento y transporte de todas las especies de producción agrícola, forestal, fruti-hortícola, forrajera, ornamentales, la agroindustria, la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones y el cuidado de áreas de esparcimiento, con el fin de resguardar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales, teniendo en cuenta los enfoques precautorio y preventivo”.
La iniciativa toma como antecedente el artículo 41 de la Constitución nacional, que se incorporó con la reforma de 1994, en el que se establece el derecho a gozar y preservar un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y futuras.
En sus fundamentos, Melchiori alude que “este también es un deber jurídico impuesto a todos los ciudadanos y al Estado mismo. Por ello, tienen las autoridades gubernamentales la obligación de proveer a la protección de este derecho como así también la de bregar por la utilización racional de los recursos naturales, teniendo como fin último su preservación. Implica también que el Estado podría intervenir sobre las actividades socio-económicas cuando estas atenten sobre la salud, la biodiversidad o los recursos naturales, poniendo en riesgo la garantía de subsistencia de las generaciones futuras”.
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