Según el titular de la cartera financiera provincial, se aplicará una segmentación según la superficie de los establecimientos: para quienes tengan menos de 50 hectáreas el incremento irá del 2% a 10%; y para quienes posean más de 50 hectáreas del 10% al 30%. Fuerte rechazo por parte de los productores.
Durante la presentación del Presupuesto para el 2016, el ministro de Finanzas de Córdoba, Ángel Elettore, aseguró que incluye una suba del impuesto inmobiliario urbano del 25% y del inmobiliario rural en un 20%. Unas semanas después, ya iniciado el debate de la previsión de gastos y recursos, dirigentes del agro participaron de una reunión con el funcionario, donde se opusieron al aumento previsto para el próximo gobierno de Juan Schiaretti.
“El ministro sostiene que el aumento promedio es 22 por ciento, cuando los números que están escritos en el presupuesto reflejan una suba de más del 29 por ciento”, explicó Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Cartez.
La finalidad del encuentro era precisar las posiciones de la Provincia y de los productores respecto de la magnitud del Impuesto Inmobiliario Rural para la anualidad 2016. Pero los dirigentes del agro mantuvieron la decisión que tomaron hacia fines de octubre: rechazar cualquier actualización del impuesto y solicitar una rebaja del 30 por ciento.
“Hace dos años, fue el gobierno de De la Sota el que le pidió al campo un apoyo de 400 millones de pesos. Ahora, que la situación económica de los productores es crítica, es momento de que la Provincia alivie su presión impositiva hacia el sector”, sostuvo Marco Giraudo, presidente del consejo provincial de Coninagro.
Según explicó el ministro Elettore, el aumento está dividido en dos categorías. Por un lado, los titulares de propiedades de hasta 50 hectáreas tendrán un aumento del 2 al 10% como tope, lo cual alcanza a unos 135.000 contribuyentes, que representa el 68% del total. Por el otro, aquellas propiedades de más de 50 hectáreas tendrán un ajuste del 10 al 30%, de manera escalonada, lo que representa 65.000 cuentas.
Pero esos porcentajes se aplican también a los fondos que tributa en campo (Consorcios Canaleros, Fondo de Mantenimiento de Red Firme Natural y el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos, el cual podría registrar algún cambio y convertirse en fideicomiso).
Desde Cartez, Coninagro y Sociedad Rural Argentina (SRA), apuntaron que los fondos para Consorcios Canaleros pasan de $ 46 a $ 213 millones; el Fondo de Mantenimiento, de $ 437 a $ 564 millones, y el Fondo de Infraestructura y gasoductos de $ 802 a más de $ 850 millones; es decir, que aportarán $ 1.846 millones, sin contar el Inmobiliario Rural.
“De 200.000 cuentas, 135.000 van a tener aumentos menores al 10%”, se defendió el ministro Elettore. El proyecto seguirá siendo estudiado por la Legislatura cordobesa, incluso está prevista una audiencia pública donde recabarán las opiniones de los participantes, el próximo lunes 9 de noviembre.
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