La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016 vino a saldar una deuda de nuestra democracia, y abrió el camino para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los asuntos estatales. Sin embargo, habiendo operado el plazo para su reglamentación el pasado 29 de diciembre, el Poder Ejecutivo no ha publicado el decreto correspondiente.
En octubre de 2016, las organizaciones firmantes requerimos al Poder Ejecutivo el inicio de un proceso participativo de reglamentación de la norma, que fue rechazado por el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En lugar del procedimiento sugerido, el Poder Ejecutivo aplicó una consulta pública a través de una plataforma web, que no permitió discutir una propuesta de reglamentación concreta. Hasta el momento, y pese a haber transcurrido holgadamente el plazo de 90 días previsto por la ley, aún no existe reglamentación de la Ley.
Esta demora puede conducir a obstaculizar y/o retrasar la implementación de la Ley por parte de los tres poderes del Estado, que deben generar mecanismos internos para su efectiva aplicación a partir del mes de septiembre próximo. Por esta razón, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano solicitamos al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, de acuerdo a los más altos estándares internacionales en la materia y reflejando el espíritu de apertura y transparencia plasmada en la Ley.