Del 7 al 11 de mayo se celebra internacionalmente la Open Government Week (Semana de Gobierno Abierto). Desde Directorio Legislativo aprovechamos esta oportunidad para hacer algunas reflexiones acerca de las políticas de Gobierno Abierto que lleva adelante nuestro país.
El Gobierno Abierto brinda herramientas para cambiar la calidad de nuestras democracias y de la sociedad que habita en ellas. En este sentido, son valorables todas las ideas e iniciativas tendientes a una mayor apertura estatal, en línea con los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Sin embargo, es preciso señalar algunas cuestiones que, transitando las últimas etapas de implementación del Tercer Plan de Acción Nacional, empiezan a asomarse.
Para construir países con instituciones sólidas y legítimas no basta con hablar de Gobierno Abierto: es necesario pasar del discurso a la acción. Con esta convicción, y si bien algunos compromisos del plan de acción avanzan de forma satisfactoria, hay temas que vemos con preocupación.
Por un lado, si bien algunos canales de diálogo con el gobierno nacional se fortalecieron, se ordenaron y son más productivos, aún siguen existiendo falencias en la comunicación sobre los avances de los compromisos. Es muy desigual lo que se sabe sobre el cumplimiento de las metas, y aunque se entiende que corresponden a áreas distintas, lo cierto es que a esta altura deberían haber algunos criterios más uniformes. Cómo comunicar el desarrollo de los hitos, cómo pedir prórrogas y por qué motivos hacerlo, son cuestiones que se resuelven de maneras muy diversas. Además, debe subrayarse la importancia de informar proactivamente a la sociedad civil en las distintas etapas, invitarla a participar, tomar en cuenta sus consultas, sugerencias e ideas, para desarrollar cada compromiso de un modo participativo, abierto y plural, cosa que no siempre sucede.
Argentina adhirió a la Declaración de Gobierno Abierto y en consecuencia se comprometió, entre otras cosas, a “hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales”.
No resulta admisible que continúe vacante el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, un actor social e institucional clave por su independencia y autonomía para desarrollar su importante misión de defender y proteger los derechos, garantías e intereses que instituye la Constitución Nacional y las leyes, ante acciones (u omisiones) del Estado. Por este motivo, seguimos instando al Congreso Nacional, que debe llevar adelante la elección del mismo, a realizar los pasos necesarios para una pronta designación, a través de un proceso de selección transparente y participativo. No aceptamos que, tal como se quiso hacer en 2017, se quiera tomar decisiones de este calibre a puertas cerradas.
En materia de acceso a la información, si bien celebramos su institucionalización mediante la promulgación de la Ley 2.7275 de Acceso a la Información Pública, lo cierto es que son varios los pedidos de información que hemos hecho cuya respuesta fue insatisfactoria, tardía o incompleta. Además la ley marca una serie de datos que deben ser publicados de forma proactiva, y no todos se encuentra disponibles. Incluso existen ámbitos del Estado, como el Congreso Nacional, que aún no han designado titular de la agencia responsable de dicha ley al interior del área.
La agenda de Gobierno Abierto para nuestros países debería responder a los problemas centrales que sufre una región atravesada por desigualdades políticas, sociales y económicas. Cabe resaltar que, al día de hoy, la Argentina aún no posee mecanismos éticos institucionalizados que regulen el ejercicio de la función pública.
Desde Directorio Legislativo, seguimos apostando a un proceso de Gobierno Abierto que sea realmente transformador, que tome en cuenta las problemáticas reales y urgentes de la sociedad y que actúe bajo los principios de transparencia y acceso a la información, siendo esta un insumo necesario para poder planificar mejores políticas públicas.