El pasado viernes 31 de agosto, el Presidente de Guatemala Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) tras considerar que esta comisión, perteneciente a la órbita de ONU, realiza persecuciones penales, es parcial a la hora de desempeñar sus tareas y viola la independencia judicial. Sumada a su polémica decisión, el martes 4 de septiembre se le impidió el regreso al país, al encargado de la CICIG, Iván Velásquez, por ser una “amenaza al orden público y a la seguridad nacional”.
Esta no es la primera vez que Morales intenta remover a la CICIG y a sus representantes del país. En agosto del año pasado el presidente ordenó expulsar de Guatemala a Iván Velásquez, pero en esa oportunidad la Corte Constitucional suspendió de forma definitiva la orden del mandatario.
La CICIG está instalada en Guatemala desde 2007 con el objetivo de apoyar a instituciones gubernamentales, como el Ministerio Público (MP), en la investigación de delitos cometidos por cuerpos de seguridad y en la rendición de cuentas de los gobiernos nacionales. En este sentido, el pasado viernes 10 de agosto, la CICIG y el MP presentaron ante el Poder Judicial de Guatemala una solicitud para desaforar al Presidente de la República por presunto financiamiento electoral ilícito en las elecciones presidenciales del 2015, mientras oficiaba como secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional.
La solicitud fue aprobada el 22 de agosto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y enviada al Congreso para su estudio. Allí, los diputados deberán decidir en las próximas semanas si votan a favor o en contra del desafuero de Morales. De alcanzar los dos tercios necesarios (105 votos a favor del desafuero), el expediente pasará al tribunal correspondiente, si consigue 105 votos en contra, la investigación será desechada y si no se llega a los dos tercios, el expediente será archivado en el Congreso.
Si bien, el Poder Ejecutivo publicó en días pasados un comunicado expresando su respeto por la decisión de la Corte de dar trámite al pedido de antejuicio y la voluntad del Congreso de discutirla, en la práctica esto no se refleja de la misma manera.
Desde Directorio Legislativo y como organización regional apartidaria, apoyamos el normal desarrollo y el debido proceso de un antejuicio político en el marco de la legislación vigente y rechazamos toda medida que impida y limite el libre ejercicio de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales en el país. Así mismo, instamos al diálogo entre las partes y a la construcción de espacios democráticos que garanticen procesos de gestión transparentes e independientes.