La Cámara de Diputados aprobó ayer una resolución que otorga de manera excepcional un subsidio de $ 100.000 a cada Diputado/a con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus COVID-19. En un contexto de emergencia sanitaria, el rol del Estado en la protección de la democracia y del derecho fundamental a la salud, se torna crucial. En este sentido, desde Directorio Legislativo apoyamos las medidas que se están tomando para protegernos.
Sin embargo, nos preocupa la Resolución Presidencial 611/20 de la Cámara de Diputados, firmada ayer -y por cierto, no publicada aún-, que dispone el otorgamiento de un subsidio excepcional de $100.000 a cada uno de los y las diputadas, a ser utilizado con el fin de “evitar la propagación del Coronavirus, brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia”.
Si bien la necesidad de proteger la salud de la sociedad prevé la adopción de toda política, estrategia y decisión que se formule con el fin de atenuar progresivamente el contagio de la enfermedad, las decisiones que se tomen deben comprender un sistema transparencia y de rendición de cuentas que evite el uso inadecuado de recursos. No obstante, la resolución firmada no establece obligaciones a los legisladores de informar a la sociedad y a las autoridades de la Cámara en qué gastaron los $100.000 otorgados.
Desde Directorio Legislativo, históricamente, hemos solicitado información sobre el destino de los recursos que los legisladores nacionales tienen en concepto de becas y subsidios. Históricamente, nos han denegado la respuesta. Es un derecho universal acceder a la información pública y una obligación de los Diputados/as, Senadores/as y autoridades de las Cámaras publicar las decisiones – resoluciones y disposiciones administrativas – que tomen sobre la utilización de los recursos públicos y cualquier otra decisión que afecte la vida cotidiana de los ciudadanos.
En un contexto donde la responsabilidad, solidaridad y el respeto tiene que ser los valores que nos guíen, exigimos transparencia y rendición de cuentas. No hay salud pública sin democracia. No hay democracia sin transparencia.