Los jefes de la oposición se proponen arrancarle al Ejecutivo la facultad para fijar los derechos de importación y exportación para otorgársela al Congreso. Como se recordará, en agosto vencen las facultades delegadas que el año pasado el Congreso extendió por un año más, justo cuando la senadora Roxana Latorre (PJ- Santa Fe) tuvo la actitud que la llevó a romper con Carlos Reutemann: firmó el despacho de comisión y habilitó su tratamiento en el recinto del Senado.

No será nada fácil, por no decir improbable, que el Congreso evite volver a prorrogar esa facultad en el Ejecutivo. La UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Disidente están de acuerdo en impedirlo. Pero el oficialismo dará batalla y en el interbloque de la centroizquierda coinciden en que los derechos de importación y exportación constituyen una herramienta de política fiscal y económica y, por lo tanto, son una atribución del Poder Ejecutivo.

Con fecha de vencimiento en agosto y la presión del sector agropecuario, la Comisión Bicameral Especial de Facultades Delegadas inicia el tratamiento de las atribuciones del Parlamento que están delegadas en el Poder Ejecutivo.

El grupo de asesores legales de la Comisión Bicameral Especial de Facultades Delegadas presentó el jueves 20 de mayo un informe detallado sobre el avance del trabajo desarrollado en cumplimiento de la Ley 26.561. Además, el equipo técnico jurídico previsto en el artículo 5º de la ley 26.519 incorporará a Bernardo Licht.

La fecha propuesta para emitir un dictamen por parte de la Comisión es el 30 de junio, ya que el 27 agosto vence el plazo para que las facultades delegadas se reemplacen por otras normas que establezcan que el Poder Ejecutivo pueda seguir manteniendo sus atribuciones que fueron delegadas. O bien, las atribuciones pasen a manos del Parlamento.

Sin dudas, la mayor polémica se desata por los derechos de exportación que están dentro de las 1900 leyes delegadas. Es decir, caducaría el atributo que tiene el Gobierno de fijar la alícuota de retenciones a las exportaciones. Por eso, agrodiputados radicales, Ulises Forte (UCR- La Pampa) y Ricardo Buryaile (UCR- Formosa), ya presentaron proyectos de ley de retenciones segmentadas para el sector agropecuario.