A última hora del día miércoles 30 de junio, los senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) presentaron ante la presidencia de cada una de las cámaras (en formato papel) y ante los 60 bloques políticos que las integran (en formato CD) el informe final con el resultado de las investigaciones realizadas a los largo de 8 meses de trabajo sobre las competencias que el congreso transfiere al Estado.
De las casi 2 mil leyes delegadas que la comisión que preside el kirchnerista Alfredo Dato (FPV- Tucumán) debía inspeccionar en esta primera etapa, quedaron en el paquete apenas 416. En tanto, fuentes de la comisión estimaron que de ese total sólo unas 50 normas continuarán siendo de importancia para el ejecutivo nacional.
En declaraciones exclusivas a Directorio Legislativo, el diputado Dato adelantó que “principalmente lo que se define como delegable es de carácter tributario, y lo que no es transferible tiene algún componente reglamentario. Lo que define que un asunto sea delegable o no es su condición de ley”.
Este estudio recoge los análisis elaborados por especialistas de la Dirección de Información Parlamentaria de la cámara baja; un consejo asesor designado especialmente integrado por prestigiosos juristas de la talla de Alberto García Lema, Enrique Paixao, Bernardo Licht, Alfonso Santiago y el juez Luis Lozano; la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación. Y examina las atribuciones que fueron delegadas por el Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo antes de la reforma de 1994.
Pese a que en un principio, tanto entre los miembros del comité asesor como entre los integrantes de la comisión Bicameral, aparecieron diferencias en cuanto al criterio de cuándo una facultad es delegada, todos coincidieron en destacar la importancia del trabajo que realizaron durante estos meses. Y asimismo, las bancadas del oficialismo y de la oposición acordaron suscribir con unanimidad en cuanto al aspecto técnico del informe, en tanto no así respecto del contenido político-ideológico del mismo. En este sentido, se adjuntara a la investigación, en forma separada de la conclusión final, la posición de los integrantes de la comisión.
El diputado Dato le explicó a Directorio Legislativo que “es importante que no se pierda de vista que acá no hay mayorías ni minorías, esta comisión no emitir un dictamen ni una resolución definitiva, sino proveer de un insumo de carácter jurídico a los legisladores para que luego, en un juicio que tiene mucho de jurídico pero también mucho de político, defina en una nueva clasificación qué es delegable y qué no”. Y anticipó que seguramente en un principio el asunto será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados.
Ahora, la totalidad de los legisladores de ambas cámaras deberán expedirse antes del 24 de agosto próximo, fecha límite fijada por ley. Sin embargo, el mismo diputado Dato estimó que es muy probable que el plazo se prorrogue por un año más.
Para definir la situación, los presidentes de todos los bloques iniciarán una serie de reuniones de consulta. Desde la oposición dejaron trascender que pretenden lograr que todas las normas delegadas, incluso la del Código Aduanero y otras leyes de Obra Pública, Abastecimiento y de Peajes, vuelvan a ser facultad del poder legislativo. El oficialismo, por su parte, propone un estudio minucioso de cada una de esas medidas para determinar qué puede quedar en la órbita legislativa y qué indefectiblemente es atribución del Ejecutivo, de una vez y para siempre.