El diputado Héctor Piemonte (CC-Buenos Aires), acompañado por sus colegas del bloque de la Coalición Cívica, presentó el jueves a última hora un proyecto de ley (Nº 5642-D-2010) de “prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo”.
Acompañado por la jefa de la bancada, Elisa Carió, el autor de la iniciativa explicó que establece una “tipificación del lavado de activos proveniente de delitos” y que la misma “no sea más una figura agravada del encubrimiento”.
También incluye el autolavado, pero lo establece “de manera que no vulnere garantías constitucionales” y una “reforma integralmente del organismo central de investigación, con otra integración, convirtiéndolo realmente en una Agencia autónoma, ya sea desde lo económico, desde lo administrativo, como desde lo político”.
El proyecto establece que ese organismo “dependerá del Congreso Nacional” y se estipulan “plazos máximos de investigación”.
Esta iniciativa se suma a otra sobre el mismo tema, pero de características distintas, que presentó hace dos meses el Poder Ejecutivo, y que fue girada a las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas.
La iniciativa oficial (Nº 0015-PE-2010) propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), incentivando la intervención del organismo en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.
“Está en sintonía con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en cuanto a la exigencia de castigar el autolavado”, explicó Julio Alak, ministro de Justicia de la Nación, al presentar en público el proyecto.
También, el texto formula que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena.