Los asesores de la Comisión de Economía se reunieron para dar tratamiento a un proyecto de ley sobre seguridad bancaria a los efectos de sumarlo al paquete de iniciativas sobre seguridad que el Senado tratará en el recinto el próximo 29 de septiembre.
Instalado ya en la agenda de los medios de comunicación, la seguridad bancaria se coló también en la labor de los propios senadores. De esta manera, los asesores de Economía comenzaron a analizar un proyecto de ley –Nº 2710-S-2010- de Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre-Salta), que fue girado a esta comisión y a la de Justicia y Asuntos Penales.
Las asesoras del senador Romero explicaron que el proyecto propone que “el Estado, en este caso el Banco Central de la República Argentina y los organismos competentes, dicten las normas de rango inferior necesarias para evitar hechos delictivos característicos que afecten la seguridad bancaria y la de cada uno de los ciudadanos que hacen uso del sistema financiero”. Y que las entidades financieras, de transporte y de atesoramiento de valores, las empresas remesadoras de fondos, así como los locales que se dedican al cobro de impuestos y servicios, cualquiera sea el lugar y la modalidad operativa a la que ajuste su cometido, deberán satisfacer los requisitos de seguridad que determine el Banco Central de la República Argentina, en todos los ámbitos en que desarrollen su actividad.
Entre los aportes que le realizaron los distintos asesores, se encuentran que el proyecto hace referencia a medidas técnicas e informáticas, pero no se mencionan recursos humanos. “La presencia de aunque sea un policía federal en la entidad bancaria es necesario”, se subrayó desde la presidencia de la comisión.
Además, subrayaron que se debe buscar un punto de equilibrio entre las demandas de la gente y lo que realmente los bancos pueden hacer, “para que la decisión que tomemos sea sobre medidas que realmente sean aplicarse en la práctica”, sugirió una asesora del bloque oficialista.
Tal es así, que acordaron convocar a una reunión a los especialistas en seguridad del Banco Central, con el propósito de analizar los costos que implicaría para la banca privada la aplicación de las medidas propuestas y el nivel de cumplimiento de estas disposiciones.