Con el voto unánime de los 69 senadores presentes, se aprobó en general el proyecto de Acceso a la Información Pública. Este obliga a los organismos gubernamentales a brindar información sobre sus actividades a cualquier ciudadano que lo requiera. En tanto, su votación en particular se llevará a cabo el 30 de septiembre en el recinto, misma fecha en la cual se tratará la ley de glaciares.
La sesión arrancó a las 10.45, en adhesión a la celebración por el año nuevo judío, en un clima calmo y tranquilo, debido al alto consenso logrado entre los distintos bloques para el temario de la fecha.
Antes de dar tratamiento al proyecto del senador Samuel Cabanchik (PROBAFE-CABA) sobre Acceso a la Información, los senadores aprobaron dos iniciativas del senador Marcelo Guinle (FPV-PJ-Chubut). Una propone una modificación de la Ley Nº 20.744, de Contrato de trabajo, sobre el método de aplicación para acceder al beneficio previsional. Esta iniciativa recibió 55 votos afirmativos, y la abstención del jujeño Guillermo Jenefes (FPV-PJ).
El otro proyecto modifica la misma ley respecto a la extinción del contrato por muerte del trabajador. En este caso, recibió el aval de los 53 senadores presentes. Además, otras normas votadas por unanimidad, fueron las presentadas por las senadoras Blanca Osuna (FPV-PJ-Entre Ríos) y Graciela Di Perna (Trab. y Dignidad-Chubut), que modifican la ley Contrato de Trabajo sobre las licencias por enfermedad.
El último proyecto que obtuvo media sanción antes del debate central fue el de César Gioja (FPV-PJ-San Juan), que declara “de interés arqueológico, histórico y cultural de la Nación al sistema de instalaciones y tramos de camino de la Quebrada de Conconta, San Juan”; y otro de Osuna que declara “monumento histórico nacional al edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires”.
Luego, si los senadores se adentraron en el plato fuerte de la jornada: la Ley de Acceso a la Información Pública. El proyecto impulsado Cabanchik contaba con el aval de todas las bancadas, más allá de las diferencias parciales en cuanto a la letra chica del expediente que se definirán en la votación en particular.
Entre los discursos que se destacaron se encuentran los siguientes:
- Samuel Cabanchik (PROBAFE-CABA): “Probablemente, el pueblo no esté advertido de la importancia que este instrumento tendrá en sus manos. En ese sentido, yo mismo, como senador de la Nación, no pude averiguar en su momento −para ayudar a mi hija a hacer un trabajo práctico del colegio− el costo de la confección del DNI, ni el costo exacto del Diario de Sesiones del Congreso. Muchas veces, la información ni siquiera está abierta para los funcionarios que ejercen cargos públicos. En consecuencia, una ley de libre acceso a la información pública será un instrumento que le permitirá a la sociedad en su conjunto crecer respecto de la “minoría de edad” en que la deja el secreto al que la acostumbra el poder. (…)Si cualquier ciudadano o ciudadana puede requerir esta información, y el Estado y toda empresa que esté vinculada de una u otra manera con las responsabilidades del Estado están obligados por ley a suministrarla, todos estaremos participando como sujetos activos de ese derecho, de esa libertad de expresión, de pensamiento y de información. Me parece que estaríamos dando, entonces, un paso sustantivo, un salto cualitativo. Es cierto que hoy tenemos un decreto, el de 2003, que en un momento fue un importante instrumento, ya lo dirán otros colegas que estuvieron en el trabajo de ejercer ese instrumento a favor de investigaciones esenciales para los bienes de la República. Pero si bien tenemos un instrumento, es limitado en su extensión, en su alcance y es cualitativamente limitado. Por eso es tan necesario que tengamos una ley de libre acceso a la información pública lo antes posible.”
- Nicolás Fernández (FPV-PJ-Santa Cruz): “el primer antecedente que existe en materia de acceso a la información nace en 2003, cuando gobernaba el país el por entonces presidente doctor Néstor Carlos Kirchner. Hasta ese momento todo había sido una fuerte declamación, una fuerte enunciación teórica, pero nunca jamás en la vida del país el Estado se había hecho cargo de la manda constitucional y de los distintos tratados internacionales. Entonces podemos decir que efectivamente ahí aparece el primer antecedente, que es el único instrumento que se conoce –repito– en la vida institucional del país sobre acceso a la información. Ese instrumento, obviamente, obligaba al Poder Ejecutivo –único poder obligado– a brindar información, no poniéndole a los ciudadanos que así lo requirieran ningún otro requisito que la petición de información, sin solicitar ni legitimación activa ni tampoco acreditar derecho subjetivo alguno.(…) También quiero reivindicar que el acceso a la información es un derecho humano fundamental que queremos garantizar. En este sentido, la idea de buscar consensos y acuerdos no sólo es buena, sino que además es racionalmente lógica, cuando en definitiva estamos en la utilización de un elemento que, como éste, está carente de tratamiento en la República Argentina. Y de la mano de su abordaje, podemos equipararnos al resto de los países que tienen el acceso a la información otorgado por ley. La idea de la ley es llevarlo no sólo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo, al Poder Judicial y, fundamentalmente, a aquellas empresas en las que el Estado tenga participación accionaria. Acá aparece un buen dato de la realidad y es que el Senado de la Nación ha trabajado muy bien en este tema.”
- María Eugenia Estenssoro (CC-CABA): “Estamos tratando un proyecto de ley que tanto para la Coalición Cívica ARI como para mí es muy importante. Como presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión este es un proyecto esencial. Así lo definimos a principio de las sesiones ordinarias de este año y, además, como periodista que fui durante casi veinte años –estas leyes existen en las democracias más avanzadas desde hace treinta o cuarenta años– tengo plena conciencia de la importancia de esta ley para los ciudadanos, pero quienes generalmente más utilizan este instrumento son los periodistas, la prensa. Así que tengo un compromiso profundo para que este Congreso sancione finalmente una ley de acceso a la información pública. Ya se ha dicho pero lo reitero: lo que hace una ley de acceso a la información pública es realmente garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, que los ciudadanos sepan de qué se trata, que cuenten con información de la gestión de los tres poderes y de la gestión de todos sus funcionarios, toda la información salvo alguna pequeñísima excepción, porque la información en manos del Estado ya no es secreto de Estado como nos acostumbraron las dictaduras.”