En el marco del tratamiento de un paquete de leyes por la inseguridad, los senadores de estas comisiones se reunieron para continuar con el análisis de un proyecto de ley presentado por el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), que prohíbe los desarmaderos de automotores. La reunión tuvo como objetivo debatir acerca de la inconstitucionalidad de la normativa y contó con la presencia de una experta.
Para echar luz sobre este tema fue invitada Marcela Basterra, abogada especialista en derecho constitucional, quien argumentó que la prohibición de los desarmaderos de autos sería inconstitucional. En este sentido, sostuvo que “si bien es cierto que la actividad de los desarmaderos pueda estar ligada al robo de automóviles eso no significa que todos sean ilegales. La actividad de los desarmaderos en si misma no es peligrosa”. De esta manera, el proyecto del senador Pichetto (FPV-PJ-Río Negro) podría lesionar derechos adquiridos, como el derecho a ejercer una industria lícita.
La especialista criticó, en esta línea, el artículo de la ley en el que se establece la clausura de los comercios minoristas que vendan autopartes ya que el propietario del local podría anteponer un amparo. También el que pena con prisión de 1 a 4 años a aquel que compre autopartes usadas. En su lugar, sugirió que “se podría poner una multa para evitar un inmediato planteo de anticonstitucionalidad”, y advirtió que al proyecto le falta aclarar “qué pasará con los que se dediquen a la compra y venta de autopartes de manera lícita”.
Para la invitada, el tratamiento de este proyecto requerirá de una ponderación de derechos, es decir, se deberá ponderar entre el derecho de los ciudadanos a tener más seguridad por parte del Estado y aquellos derechos adquiridos, como el de ejercer industria lícita. En este sentido, Basterra afirmó que “es proporcional la inconstitucionalidad de que el Estado cercene delitos de peligro abstracto como éstos en que se configura el ilícito por solo tener o comprar autopartes usadas vs. el derecho del Estado a atender la seguridad de los ciudadanos”.
Por su parte, la titular de la comisión, Sonia Escudero (Justicialista 8 de oct.-Salta), dijo que no podría “criminalizar a quien compra un repuesto usado, porque así estaría criminalizando la pobreza” e instó a que en la reunión de asesores de esa misma semana se pulan las cuestiones técnicas del proyecto y se inviten también a expertos que puedan aclarar la realidad sobre la que se está legislando.
Para dar continuidad al tratamiento del proyecto sobre desarmaderos de automotores, este plenario de comisiones invitó a debatir a las autoridades de la Cámara Argentina de Comerciantes y Reparadores de Partes para el Automotor. Los representantes del sector manifestaron su disconformidad con el proyecto del senador Miguel Ángel Pichetto (FPV-PJ-Río Negro) y pidieron mayor fiscalización de la actividad en lugar de su prohibición.