En una jornada larga e intensa, los diputados de esta comisión recibieron a representantes de organizaciones ambientalistas que rechazan el proyecto de la Represa Ayuí Grande, en Corrientes. Los expositores repudiaron el impacto ambiental negativo del plan arrocero que inundaría una vasta zona de bosques, y denunciaron la complicidad del Estado correntino. También visitaron la comisión dos diputadas chaqueñas que denunciaron irregularidades en la construcción de un tendido electromagnético de alta tensión en la localidad de General Vedia.
Pasadas las 14 horas y con una sala colmada de gente, se realizó una nueva reunión de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la que se escuchó el reclamo que distintas organizaciones ambientalistas respecto a la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes, con el objeto de brindar agua a un emprendimiento arrocero privado.
Del encuentro, patrocinado por el propio presidente de la comisión, Miguel Bonasso (Diálogo por Bs. As.- CABA), participaron el biólogo Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre; Andrés Bosso, de Aves Argentinas; y Emilio Spataro, de la Campaña Salvemos al Iberá.
En el uso de la palabra, Aníbal Parera comentó que “este es el tercer aviso del inicio de la obra. En las dos oportunidades anteriores fue la Ley de Bosques la que la detuvo, pero ahora han sorteado ese escollo a través de una planificación territorial muy irregular” y precisó que “es un proyecto que implica desmonte y propone crear un lago artificial dejando bajo el agua a los bosques”. También denunció que con este plan “se está poniendo en riesgo la ordenación territorial que establece la Ley de Bosques Nativos”.
El biólogo explicó que la producción de arroz requiere de grandes cantidades de agua, las cuales se obtienen legalmente de los ríos, lagunas y también represas dentro de los propios campos arroceros. Pero alertó que el proyecto de Adecoagro va más allá: “compraron los terrenos a un lado y del otro del río Ayuí y con anuencia del gobierno provincial resuelven cortar el curso del río”.
Ante la consulta de una diputada presente, Parera aclaró que si bien no va a haber población desplazada, lo que se traslada a las poblaciones de Ayuí Bajo “es la afectación de los recursos naturales debido a las graves consecuencias ambientes que tendría el proyecto”.
Por su parte, desde la Fundación Aves Argentinas, Bosso afirmó que no se debería recurrir a ningún argumento ambientalista para impugnar la obra ya que “está fuera de la ley”. El expositor hizo referencias principalmente a los daños que este proyecto podría producir a las especies que habitan la zona y destacó “estamos hablando de 8.500 hectáreas, donde hay cinco especies de aves amenazadas”. Y aclaró que de ningún modo están en contra de la producción de arroz pero que ésta debe realizarse teniendo en cuanta el impacto ambiental y una forma de desarrollo sustentable.
Bosso, además, le reclamó enérgicamente a los diputados presentes que se expidan de manera urgente: “Por la gravedad del proyecto, necesitamos un rápido despertar de las autoridades nacionales. La instalación de esta arrocera podría profundizar la extinción de cientos de aves nativas y todos vamos a ser los responsables; Adecoagro y Copra S.A. por la implementación del proyecto y todos nosotros por nuestra inacción”, exigió el ambientalista.
A su turno, Emiliano Spataro, de la Fundación Salvemos al Iberá, señaló que no es justo presentar a la sociedad correntina la dicotomía entre conservación y producción y que las organizaciones sociales de todos los arcos políticos se han manifestado en contra del proyecto.
Por parte de los diputados, Bonasso opinó que “el argumento de que el sostenimiento sustentable del medio ambiente atenta contra la producción del empleo a gran escala se repite”, en referencia a la visita a algunos gobernadores al Senado por el debate de la Ley de Glaciares.
En tanto, el diputado oficialista Jorge Cejas (FPV-PJ-Río Negro) recordó a sus colegas que existen en la comisión varios proyectos presentados sobre el tema -uno es de su autoría, el Expte. 5993-D-10-, propuso que los asesores busquen un punto de acuerdo entre todos ellos para aprobar un proyecto conjunto de declaración, a fin de dar una respuesta contundente sobre el tema.
En este sentido, Cejas aseguró que “es importante tener a la mayor brevedad posible un pronunciamiento de la Cámara de Diputados de la Nación en este asunto de trascendental importancia para la conservación de los recursos naturales en una gran zona de la Mesopotamia Argentina, que además es uno de los mayores reservorios de agua dulce de toda América”.
El proyecto de Ayuí Grande contempla el diseño de una obra que garantice el riego de 15.000 a 20.000 hectáreas de arroz en la zona de influencia del perilago Ayuí de la represa por construir. Será realizado por la Unión Transitoria de las Empresas integrada por Copra S.A., Pilagá SRL (Adecoagro), Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá.