Más de 200 personas se dieron cita este último martes en la Cámara de Diputados para participar de una audiencia pública organizada por la integrante de la comisión de Recursos Naturales y diputada del bloque Libres del Sur, Cecilia Merchán (Córdoba) sobre la aplicación de plaguicidas y sus consecuencias en la salud. Se escucharon voces a favor y en contra de las fumigaciones.
El encuentro duró más de tres horas y principalmente se discutió un proyecto de ley de Merchán –Expte Nº 5857-D-2010- que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país, y otro del diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Bs. As.-CABA) -Expte. Nº 0082-D-2010, cuyo texto propone prohibir las “Tecnologías de restricción en el Uso Genético (Trugs)” en semillas y establece sanciones a las infracciones.
“Es importante que discutamos nuevos modelos productivos”, reclamó la diputada Merchán en el discurso de apertura de la audiencia y afirmó: “Minería y soja pertenecen a un mismo modelo. Ambos son perjudiciales. Hay que debatir el perfil productivo de las provincias y esto no se trata de un falso antagonismo ‘interior-Capital’. Soy de Córdoba, provincia sojera, e igual sostengo que este modelo tiene consecuencias en la salud de las poblaciones”
Miguel Bonasso (Diálogo por Bs. As.-CABA), en tanto, sentenció: “Curiosamente en el bicentenario estamos inmersos en un modelo productivo que poco tiene que ver con la Patria, sino más bien con la entrega”. De este modo, el diputado se refirió al auge de los monocultivos y la lógica de explotación no sostenible que los mismos imponen, comparando el deterioro social y ambiental de esta actividad con el que genera la cuestionada minería a cielo abierto.
Con respecto al prototipo productivo que se estimula, el diputado “Pino” Solanas (Mov. Proyecto Sur-CABA) dijo que “el modelo sojero actual es de un profundo impacto negativo, y debemos profundizar los paradigmas que generen un nuevo modelo cultural”, y además denunció la dependencia económica por los ingresos de divisas provenientes del comercio exterior, que incluyen también las retenciones.
Una de las exposiciones más esperada fue la de Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y científico del Conicet, cuyas conclusiones sobre los efectos de la utilización de los herbicidas sobre la salud de las personas abrió un fuerte debate en la comunidad científica y productora. El médico sostuvo terminante que “hay que hablar de agrotóxicos, porque son tóxicos, y no de agroquímicos. Eso es un eufemismo que debemos abandonar. Con la cantidad y forma en que se utilizan, son sin dudas dañinos para la salud humana”. Además, fundamentó su exposición en un power point donde hizo referencia a datos “epidemiológicos” que demuestran el daño ocasionado por los plaguicidas aplicados en el campo.
Según Carrasco, el argumento de eliminar el hambre que se empleó para impulsar la necesidad de los transgénicos, fracasó: “El número de hambrientos aumentó en el mundo en lugar de reducirse desde la aparición de los Organismos Genéticamente Modificados, por lo cual es hora de dar por fracasada a la tecnología OGM asociada a los agrotóxicos”.
En cambio, a favor de las fumigaciones aéreas se manifestó Gunter Schuster, de la Compañía Aérea del Oeste, quien explicó que: “Nos dedicamos a la aeronavegación desde el año 1960. Nuestra tareas son mucho más que la fumigación y los agroquímicos que utilizamos están aprobados por entes municipales, provinciales y nacionales y los utilizamos en forma responsable”.
Diego Ortega, de la Cámara de Aplicadores de la provincia de Buenos Aires, fue otro de los defensores de la fumigación. Éste remarcó que su tarea está harto controlada, que aplican productos legalmente aprobados, y se mueven en la más absoluta legalidad. “No entendemos por qué nos quieren prohibir”, preguntó.
Las iniciativas presentadas para la prohibición de plaguicidas a distancias mínimas de centros poblados será motivo de reunión en las comisiones de Recursos Naturales que preside el diputado Miguel Bonasso, pero también deberá tratarse en la comisión de Agricultura, y en la de Acción Social y Salud Pública.