Se prohibieron los avisos de oferta sexual
En el marco de la lucha contra la trata de personas, la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner prohibió por decreto la publicación de avisos relacionados con la oferta sexual.
Desde el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la presidenta encabezó un acto contra la trata de personas en la que participaron ONG comprometidas en la lucha contra la explotación laboral y sexual. El decreto prohíbe incluir avisos publicitarios de oferta sexual en los medios de comunicación, conocidos como el rubro 59.
En el decreto –el 936/2011– se crea también una oficina especial dentro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el ex COMFER, para garantizar el cumplimiento de la prohibición. Esa oficina trabajará en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de la Mujer, y se encargará de hacer el seguimiento en los avisos clasificados de los diversos diarios.La jefa de Estado se preocupó por aclarar que “no es una condena a las mujeres” que “son objeto de este comercio” sino “a los medios” que publican los avisos y “a los que instrumentan” la explotación sexual. La iniciativa afectará a numerosos diarios nacionales y provinciales que facturan abultadas cifras por esos clasificados.Con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso no solamente en la lucha contra la trata de personas”, sino también “contra la discriminación, porque la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer”, señaló la Presidenta. Cristina Fernández de Kirchner criticó además “la doble moral y la hipocresía” de ciertos medios que en sus primeras planas denuncian el problema de la trata y en las páginas de clasificados “lucran” con los avisos de oferta sexual que les dejan “pingües ganancias”.
La normativa se fundamenta en la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, en vigencia desde 2008, que en su artículo 4 determina que existe explotación –entre otros supuestos– cuando se promueve, facilita, desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual. Y también en la Ley Nº 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres –aprobada en 2009 y reglamentada en 2010–, que establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá disponer acciones coordinadas con otras jurisdicciones para “prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes” en medios de comunicación que “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”.
Las repercusiones en el Congreso de la Nación. El anuncio de la presidenta ya encontró repercusiones en el los pasillos del Congreso de la Nación. Varios legisladores se pronunciaron acerca de la medida. A continuación presentamos los principales testimonios:
Fernanda Gil Lozano (CC-Buenos Aires): Señaló que “hubiese sido mucho mejor” que en lugar de tener que apelar a un DNU, el oficialismo hubiera respaldado la iniciativa impulsada por la Coalición Cívica “porque siempre es mejor que estas medidas tengan fuerza de ley”.
Empero, consideró “auspicioso que el Gobierno comience de una vez a tomar acciones contra la trata de personas. El tema es que esas medidas deben ser también parte de una política pública diseñada seriamente”.
Un comunicado difundido por Gil Lozano (CC-Buenos Aires) puntualiza que “no se trata de prohibir sólo la oferta sexual cuando 500 mil personas desaparecen en manos de redes de tratantes”, y opinó que de modo en que fue planteada la medida, “parece una acción electoralista”.
Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba): “Saludamos esta iniciativa que recoge el trabajo que venimos realizando desde las organizaciones sociales, de mujeres, el movimiento feminista y la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, debemos destacar las limitaciones de la medida: el delito de trata de personas debe ser enfrentado desde políticas integrales que contemplen la prevención del delito, la promoción de los derechos de las mujeres, y la asistencia a las víctimas de trata para no volver a caer en las redes”.
Sobre los aspectos pendientes para abordar el delito de trata, la diputada Merchán afirmó: “Ante todo es necesario reglamentar la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata. Por ejemplo, el Título II de esta ley establece derechos de las víctimas de trata. Y, para que los mismos no queden en meras declaraciones es preciso que se determine el mecanismo a llevar adelante, tarea a cargo de la reglamentación”.
Gustavo Ferrari (Peronismo Fed.-Buenos Aires): “Para combatir la trata de personas es necesaria una ley integral que aborde todos los vacíos legales y no un anuncio de corte electoral. Es una medida que atiende parcialmente la problemática y que lamentablemente dilata el tratamiento de una ley -con dictamen desde el año 2010- por la que venimos bregando para que el oficialismo la incorpore en el temario para ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados y lograr verdaderamente un avance integral en la lucha contra la trata y no un mero parche al problema”.
Ricardo Gil Lavedra (UCR-CABA): “El decreto de la presidenta que prohíbe los avisos que promuevan la oferta o el comercio sexual constituye una nueva afrenta al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo y una nueva maniobra destinada a intentar apropiarse apresuradamente de eventuales beneficios políticos en tiempos electorales. El Gobierno ha advertido la necesidad de disimular su inacción en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada a lo largo de 8 años. La sola lectura del decreto revela todos los defectos propios de las normas dictadas sin un proceso de deliberación previo y en forma apresurada e inconsulta”.
María Luisa Storani (UCR-Buenos Aires): “Lástima que se limita sólo a los medios gráficos, pero esta medida es una mínima respuesta al duro informe sobre Trata de personas que presento la Relatora de Naciones Unidas Ezelio”.
Victoria Donda Pérez (Libres del Sur-Buenos Aires): “Es una medida más que puede servir como puntapié inicial para enfrentar a uno de los delitos organizados que más dinero genera en el país y que esclaviza y somete a miles de personas (sobre todo mujeres); delito que, por otro lado, sólo se puede cometer con la complicidad de una parte del Estado. Es fundamental que sigamos generando políticas de Estado integrales, tanto preventivas como de contención. En este sentido es importante que el Estado realmente persiga a las bandas criminales que viven de la explotación sexual de personas, a través de las fuerzas de seguridad desbaratándolas, ya que operan frente a nuestros ojos impunemente”.
Alicia Comelli (MPN-Neuquén): “no sólo estoy totalmente de acuerdo con la decisión de la presidenta de prohibir la publicidad de oferta sexual para combatir la trata de personas y la discriminación hacia las mujeres, sino que siempre fui una luchadora de eliminarlos y felicité al diario local, La Mañana Neuquén, cuando tomó la decisión de hacerlo”.