Reclamo de campesinos
El Frente Nacional Campesino (FNC) marchó al Congreso para pedir a los diputados que se sancione la ley que regula la compra de tierras por parte de extranjeros lugareños.
Mientras se demora el debate de un paquete de 14 proyectos para regular la venta de tierras a extranjeros, avalados por diferentes bloques políticos en Diputados, la Marcha Nacional de El Impenetrable arribó a la Plaza de los dos Congreso, donde campesinos reclamaron entre otras puntos, el fin de un convenio firmado por el gobernador Jorge Capitanich y el grupo inversor árabe Al-Khorayef.
La caminata, que recorrió 1700 kilómetros desde la frontera compartida por las provincias de Chaco, Salta y Formosa hasta el centro porteño, concentró a más de 200 campesinos quienes entregaron al gobierno nacional y a representantes de los distintos bloques del Congreso un petitorio en el que reclama títulos de propiedad de tierras (que habitan desde hace más de 100 años, en algunos casos), apoyo técnico-económico, la suspensión de los desalojos y leyes que frenen la compra de tierras por parte de extranjeros y la concentración de la propiedad de la tierra.
Benigno Flores, representante del FNC, aseguró que en muchos casos los campesinos que reclaman sus tierras son “apresados y golpeados” y que “actualmente la mayoría de las tierras está en manos de muy pocas empresas nacionales y extranjeras”. “Esta situación debe cambiar para construir un país en serio y para que los recursos estratégicos estén al servicio de todos los argentinos y no de solo un grupo de vivos”, reclamó.
El polémico convenio autoriza la explotación inicial de 40 mil hectáreas -una séptima parte de las tierras fiscales de la provincia, ubicadas entre las localidades de Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Taco Pozo, dentro de El Impenetrable- y se extenderá hasta las 320 mil hectáreas.
El ejecutivo provincial anunció en octubre pasado la firma dicho acuerdo, con vistas a alcanzar un mayor “desarrollo productivo de un territorio de tierras fiscales ociosas”. Este convenio fue fuertemente cuestionado por parte de la oposición no sólo “por el daño ambiental que implicará el desmonte que posibilitaría el uso agrícola pactado”, sino por el “descontrolado proceso de mercantilización de la tierra a manos de sectores privados y extranjeros, al tiempo que se desoyen e ignoran los desalojos de que son víctimas familias campesinas y los derechos de los pueblos originarios sobre estas tierras”.