Contra la Trata de personas

El conjunto de organizaciones que participaron del primer Taller de Trata, realizado por Fundación Directorio Legislativo y Cambio Democrático en el marco del Proyecto de Incidencia Colaborativa, con el acompañamiento de Directorio Legislativo, lograron incluir algunas modificaciones al proyecto de ley de la senadora Sonia Escudero, que fue aprobado días después en el Senado de la Nación por unanimidad y que fue girado a Diputados para su sanción definitiva.

Se trata de una modificación a la ley de trata vigente, que apunta a combatir de manera más eficiente este delito y brindar una protección adecuada a las víctimas.  Entre los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, caben destacar los siguientes:

  • Se incorporó el concepto de explotación junto al de trata.
  • En cuanto a las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las victimas se incluyó como derecho, hasta que se hagan efectivas las reparaciones pertinentes, recibir información a fin de que se asegure su pleno acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan.
  • Asimismo se estableció que las víctimas deberán recibir asesoramiento legar gratuito y la protección frente a cualquier tipo de represalia.
  • En cuanto al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas, se estipuló la incorporación de un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
  • También se logró incluir a la Defensoría del Pueblo de la Nación como organismo de control externo del cumplimiento de los planes y programas decididos por el Consejo Federal.
  • En cuanto a las funciones de del Comité, las organizaciones lograron incorporar que deberá diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir los delitos de trata y explotación, y a proteger y asistir a las víctimas de tales delitos y sus familias.
  • En cuanto a las sanciones, se logro estipular que recibirán sanciones quienes reduzcan a una persona a esclavitud o servidumbre u obliguen a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil.