Contaminación por liberación de tóxicos al aire.
El proyecto de ley por el cual se crea el Programa Nacional para la Construcción y Difusión de la Huella de Carbono fue retomado por los asesores que integran la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Senadores.
La huella de carbono es un certificado que mide las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se realizan en la cadena de producción de bienes, desde la obtención de materias primas hasta el tratamiento de desperdicios, pasando por la manufacturación y el transporte. Es decir, es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de gases de efecto invernadero producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono.
Este Programa tendrá la participación directa de representantes de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA); de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; del Instituto de Estudios e Investigaciones Ambientales de la Universidad de la Universidad UCES y del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS).
“Argentina necesita generar información para implementar políticas en la materia, y creemos que este proyecto puede contribuir con ese objetivo”, inició la ronda de exposiciones Nazareno Castillo Marín, Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En cuanto al articulado del proyecto, Castillo Marín propuso reemplazar el término fórmula de cálculo de la huella de carbono para cada producto o conjunto de ellos, de cada sector productivo del complejo exportador nacional por el término metodología ya que “no existe una única fórmula”, argumentó el representante de la cartera de ambiente. Por último, señaló que “la información acerca del dióxido de carbono que contiene cada producto la posee el sector privado y no es de fácil acceso”.
También fueron parte de la reunión representantes de la CERA, quienes señalaron que “no hay solución para este tema sino se adopta un marco integrado de políticas”. “La huella de carbono debe manejarse en el ámbito de las iniciativas de la voluntad privada. Y tiene que ser abordado desde el Poder Ejecutivo a partir de un sistema de articulación público-privado, que determine el certificado de huella de carbono producto por producto y mercado por mercado”, sentenció el titular de la CERA.
Luego de las exposiciones de los distintos actores, el asesor del senador Guinle (FPV-PJ-Chubut), autor del proyecto, dejó en claro que “la iniciativa que estamos planteando es sólo una herramienta para que el Poder Ejecutivo la lleve a cabo. Todos los comentarios realizados por los expertos hacen referencia a las dinámica que luego va a llevar a cabo la autoridad de aplicación”.
Los especialistas invitados se comprometieron a enviar las objeciones de forma escrita, las que serán estudiadas por los asesores. “Cuando lleguen las sugerencias las analizaremos, pero debe quedar claro que esta es una ley marco”, señalaron fuentes parlamentarias a Directorio Legislativo.