Chaleco reflectario.
Durante la reunión de la Comisión de los Derechos del Usuario y del Consumidor de la Cámara de Diputados, tuvieron tratamiento diversos proyectos de ley, en su mayoría, relacionados con temáticas de tránsito y automotor.
En dicha reunión, a la que asistió Directorio Legislativo, uno de los primeros proyecto tratados fue el que presentó Rodolfo Arata (La concertación), que propone que todo vehículo radicado en la provincia debe circular portando en un lugar accesible un chaleco reflectante.
Basado en estudios que indican una alta tasa de mortalidad en las rutas en situación de desperfecto técnico y descenso del automotor, el diputado Arata sostiene que “esta medida contribuirá de manera efectiva a la seguridad vial debido a que el chaleco es realmente útil, sus colores y sus tiras especiales hace que uno pueda ser observado a una distancia de hasta 300 metros con luces bajas por la noche. En las mismas condiciones, sin este dispositivo de seguridad la visibilidad estaría reducida a escasos 33,4 metros”.
Otro tema relevante tratado en la comisión concierne al transporte público. Tres fueron los proyectos tomados en consideración. En primer lugar, el proyecto del diputado Abel Buil (GEN – PS), propone instrumentar “usuarios testigo” para testear la calidad del servicio de transporte público.
Por su parte, el Diputado Franco Caviglia (FPV – PJ) presentó un proyecto de ley en el que se propone modificar el Código de Tránsito. Concretamente, las modificaciones más relevantes tienen que ver con la prohibición de circular para los automóviles que posean todos los vidrios polarizados, incluyendo el parabrisas; y la prohibición de la circulación de transportes de pasajeros de media y larga distancia, denominados “de doble piso”.
Dentro de esta misma temática, el proyecto del Diputado Sergio Panello (UCR) introduce modificaciones en cuanto a tasas tarifarias. Así, se dispone que cada aumento de precios en la tarifa del transporte, debe ser precedida por una Audiencia Pública llevada a cabo por las asociaciones competentes registradas en los entes provinciales respectivos.