Antena de telefonía celular.
Las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; y Derechos y Garantías del Senado realizaron un plenario, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, donde recibieron las opiniones de los representantes de los consumidores. En tanto, las empresas del sector y el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, no participaron.
Durante la reunión se analizaron los proyectos del senador santafecino y presidente del Partido Socialista (Part. Socialista-Santa Fe), Rubén Giustiniani, y de la legisladora del Frente para la Victoria, Blanca Osuna (Entre Ríos). En el plenario se escucharon las exposiciones de los abogados especialistas en derecho administrativo Agustín Gordillo, Carlos Cassagne, Ariel Caplán y Henoch Aguiar, y de representantes de las 25 asociaciones de consumidores que integran la Comisión de Usuarios en la Comisión Nacional de Comunicaciones de la Nación (CNC), entre ellos, el ex diputado Héctor Polino, quienes expresaron un fuerte respaldo a la regulación de este mercado.
También estaban invitados representantes de Telefónica, Telecom, Claro, CICOMRA, y los secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de Comunicaciones, Lisandro Salas, pero no acudieron a la convocatoria.
En la reunión, a la que asistió Directorio Legislativo, la presidente de la comisión de Sistemas, María Eugenia Estenssoro (CC – CABA) aseguró: “Es un avance que estemos analizando estos dos proyectos, pero como hemos visto desde el Gobierno no ha habido una voluntad de regular y controlar, por eso necesitamos su apoyo para hablar con los distintos senadores y diputados, con el Gobierno y con la opinión pública para que este tema cuente pronto con una regulación”.
Al término de la audiencia, Giustiniani destacó que “todas las asociaciones de usuarios se pronunciaron a favor de declarar a la telefonía celular como servicio público para terminar con los abusos de las empresas”, y agregó: “Coincidimos en que, después de tantos años, y en donde hay más de 40 millones de celulares activos en el país, no puede ser que la telefonía móvil no sea un servicio público, algo que sí sucede con los teléfonos fijos”. Para el titular del Partido Socialista, “esta ley significa el cumplimiento de los derechos de los usuario, que las tarifas sean justas, y que el servicio se corresponda con lo que uno paga, situaciones que hoy no ocurren y están a la cabeza en los reclamos de las oficinas de Defensa del Consumidor y Oficinas de Defensorías del Pueblo”. Además detalló que “el minuto prepago cuesta el doble en comparación con un abono mensual, siendo discriminatorio para quienes más lo usan, que son las personas de menos recursos, y los jóvenes”. Por su parte, la oficialista Blanca Osuna aseguró que “se trata de una actividad cuyo objeto es la satisfacción de necesidades colectivas”.