Modificaciones parlamentarias.
Si bien la iniciativa sobre extranjerización de tierras, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, está parada en el Congreso de la Nación, se espera que su debate se reactive luego de las elecciones presidenciales. Es más, según pudo saber Directorio Legislativo, son muy fuertes las versiones que indican que, en caso de no prosperar su tratamiento en el mes de noviembre la intención del oficialismo sería tratar esta propuesta, junto al Presupuesto 2012, en sesiones extraordinarias.
En los últimos días comenzó a circular muy fuertemente la idea de que si el oficialismo no logra que progrese la ley de tierras con la actual conformación de la Cámara de Diputados, lo harán después del 10 de diciembre, con una nueva distribución en el recinto y las comisiones y en el marco de sesiones extraordinarias.
A diferencia de la prórroga de ordinarias, en las sesiones extraordinarias sólo pueden tratarse en el recinto los proyectos que defina el Poder Ejecutivo a través de la publicación de un decreto presidencial.
Para este año, se espera que la agenda de las extraordinarias incluya la nueva Ley de Tierras que pone un tope del 20% a la extranjerización de hectáreas en la Argentina, y también un paquete de leyes económicas entre las que figura la Ley de Leyes, dado que hasta el momento, el oficialismo tiene minoría en todas las comisiones por donde deben pasar estos proyectos, lo que viene dificultando el tratamiento de los mismos.
Pero si se repiten los resultados de las elecciones primarias de agosto el próximo domingo, se especula con que el oficialismo verá reforzado su poder de voto con la suma de nuevos legisladores. En tanto, esta mayoría parlamentaria también habilita al dominio numérico en las comisiones, cruciales a la hora de definir el derrotero que tendrá cada proyecto de ley: la aprobación o el “cajoneo”.
De tener éxito la nueva estrategia oficial, el proyecto de Ley de Tierras sería aprobado en Diputados en diciembre o a más tardar en enero para ser girado cuanto antes a la cámara revisora y así tener, desde marzo de 2012, todo un año por delante para ser debatido y sancionado definitivamente en el Senado de la Nación.