Los diputados de esta comisión dictaminaron favorablemente un proyecto de ley que limita el trabajo infantil y fue girado a las comisiones restantes, que son Legislación del Trabajo y Familia, Niñez y Adolescencia.
Ante la falta de quórum, el presidente de la comisión de Legislación Penal, diputado Juan Carlos Vega (CC-Córdoba), debió recurrir a la segunda parte del artículo 108 del reglamento de la Cámara de Diputados para poder sesionar. El mismo permite dictaminar proyectos aun sin el número mínimo de presentes.
En ese contexto, se trató el proyecto del diputado Héctor Recalde (FPV-Buenos Aires), Expte. Nº 0500-D-2011, el cual incorpora un artículo a la Ley de Contrato de Trabajo, aumentando las penas para quien cometiera delitos contra la integridad de los menores.
Los miembros presentes se mostraron de acuerdo con el texto propuesto por el legislador degetista. El mismo establece una pena de dos a cuatro años para el que se valga del trabajo de un menor de 16 años en provecho propio.
Sin embargo, Patricia Bullrich (CC-CABA) se mostró preocupada por la exención de pena que el proyecto dispone para con los padres de los menores que sean inducidos a trabajar.
A dicho argumento respondió la diputada Claudia Gil Lozano (CC-CABA), indicando que en la actualidad existen economías familiares de subsistencia, en las que todos los miembro de las familias están involucrados, incluidos los menores. Así, o bien porque son parte activa de la economía familiar, o bien porque los padres no tienen con quien dejar a sus hijos, los menores forman parte del trabajo.
Por su parte, tanto Raúl Barrandeguy (FPV-Entre Ríos) como Ernesto Martínez (Fte. Cív. Córdoba), concordaron en que en los casos en que los padres se vean involucrados en un caso de trabajo con menores, será la justicia quien determine si corresponde una pena, y que tal como está redactado, el texto protege a la unidad familiar.
En esa misma línea se expidió Juan Carlos Vega, indicando que “los delitos cometidos en un contexto de pobreza, siguen siendo delitos, pero en este caso, ya existen normas previas que disponen penas, y a la vez, con esta iniciativa se está protegiendo a la unidad familiar”.
Bullrich insistió en que con esta redacción, la norma apañará a aquellos padres que exploten a sus hijos. A su voz se sumó la de la diputada Natalia Gambaro (Peronismo Fed.-Buenos Aires), quien recordó que en el Código Penal, el vínculo familiar no es un atenuante, sino un agravante de los delitos.
Del consenso para aprobar la norma, y a partir de las observaciones de Bullrich, el presidente de la comisión propuso incorporar las modificaciones necesarias para que el proyecto obtuviera dictamen de comisión. Por ello, en la redacción del texto se aclaró que en los casos en que el trabajo infantil se diera en un contexto de economía familiar de subsistencia, los padres quedarían excluidos de las penas que dispone esta norma.