Los diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo, presididos por el oficialista Héctor Recalde (FPV-PJ), escucharon durante más de 5 horas a representantes del Poder Ejecutivo, dirigentes de sectores agropecuarios y cámaras empresarias relacionados a la producción rural. El objetivo era el de discutir con esos actores proyectos de ley referentes al Régimen de Trabajo Rural. Sin embargo, la ausencia de quórum llevó a que ambos proyectos perdieron estado parlamentario.
Los dos proyectos en disputa que acapararon las palabras y opiniones de los invitados son, por un lado, el elaborado por la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), presentado por el diputado Roberto Mouillerón (Peronismo Fed.-Buenos Aires), Expte. Nº 5153-D-2010; y por otro lado, el enviado por el poder ejecutivo nacional, Expte. Nº 0017-PE-2010.
La figura indiscutida de la reunión fue el secretario general de la UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas, quien defendió el “proyecto de ley de los trabajadores rurales” de su gremio y rechazó el “engañoso estatuto del peón” que “impone” el Ejecutivo nacional.
Su posición fue acompañada por los diputados Roberto Mouillerón, Gustavo Serebrinsky (UCR-Buenos Aires), Ricardo Buryaile (UCR-Formosa); Alfonso Máculus, presidente del RENATRE; Guillermo Giannasi, en representación de la Federación Agraria Argentina, Alberto Frola, presidente de CARBAP y finalmente el representante legal de UATRE, Rodolfo Nápoli.
Por otra parte, el subsecretario de relaciones laborales, Álvaro Ruiz; y su presidente alterno, Alejandro Senyk defendieron el proyecto enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. En ese mismo sentido se expresaron el asesor legal del Sindicato Obrero de la Fruta, Gonzalo del Valle y el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Raúl Robín.
Durante su exposición, el “Momo” Venegas, firme opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cercano al ex presidente Eduardo Duhalde, hizo un repaso por la historia de la UATRE, la cual comenzó con 15 mil afiliados, y hoy representa a casi 865 mil trabajadores rurales.
Entre los logros de su sindicato, cuenta a la sanción de la Ley Nº 25.191, que dio existencia al RENATRE, y a la implementación de la Libreta del Trabajador Rural, la cual apunta a reducir el trabajo no registrado.
Contraponiendo su proyecto al del oficialismo, indicó que este último no busca beneficiar a los trabajadores rurales, sino perjudicar a su gremio. En ese sentido, afirmó que la “persecución a su persona, es un ataque a los trabajadores agrarios”, y calificó al proyecto del gobierno como un “engañoso estatuto del peón”.
Por otra parte, resaltó que la iniciativa impulsada por la UATRE es el producto de 6 años de discusiones y consensos, en los que participaron todas las partes involucradas. En contraste, el proyecto del gobierno fue, a su criterio, elaborado de manera unilateral, por gente que no conoce el trabajo del campo.
En defensa del proyecto oficialista, el secretario de relaciones laborales, Álvaro Ruiz, salió al cruce de los dichos del sindicalista rural. Utilizando como base el material que Venegas repartió entre los presentes, desmenuzó punto por punto cuales eran los errores en la apreciación que la UATRE hace sobre la iniciativa del kirchnerismo.
Con ese esquema, Ruiz detalló que los críticas que la UATRE realiza son infundadas, en la medida en que la propuesta oficial reenvía cada uno de sus artículos a la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual asegura sus beneficios hacia los trabajadores. A la vez, indicó que el proyecto de la UATRE sobreabunda en un complejo articulado, utilizando una técnica legislativa obsoleta.
Finalmente, criticó al RENATRE, diciendo que “en 10 años no ha podido mover el amperímetro de trabajo registrado. No queremos eliminarlo sino reestructurarlo para que sea más efectivo”.
Justamente el trabajo registrado, se fue el punto que más tensiones generó. Por su parte, Venegas señaló que “el responsable del trabajo esclavo es el Estado nacional. La policía de las provincias carecen de viáticos, móviles e inspectores”.
En respuesta, Ruiz recordó que la fiscalización laboral es competencia de las provincias. Sin embargo, cuando Venegas volvió a tomar la palabra para seguir el debate por el trabajo no registrado, el secretario había abandonado la sala, ya que debía viajar a Bolivia para asistir a una reunión de la UNASUR, lo que motivó la crítica de todos los presentes que apoyaban a la UATRE.
Para finalizar su alocución, Ruiz destacó que no hay diferencias sustanciales entre ambos proyectos, con lo cual, afirmó que “no debería haber problema para compaginar un dictamen unificado”.
Otro de los contrapuntos que se presentó tiene que ver con el ámbito de aplicación de la norma. En ese sentido, el proyecto del oficialismo pretende que la pertenencia sindical se determine por la ubicación geográfica del trabajador, y no por su actividad específica, lo cual es rechazado por la UATRE.
Las futuras competencias del RENATRE, o su propia existencia, consolidan claramente otro de los ejes más controversiales. Así, quienes se inclinan por el proyecto de la UATRE, remarcan el buen funcionamiento que ha tenido el RENATRE desde su fundación. Por ese motivo, rechazan la injerencia que pueda llegar a tener el Estado en dicha institución.
Finalmente, el manejo de las bolsas de trabajo se constituye como otro tema conflictivo. El proyecto oficialista hace recaer la responsabilidad aquellas en las autoridades municipales, lo cual es calificado por quienes sostienen al proyecto de la UATRE como contraproducente, elaborado por gente que no conoce el trabajo rural.
Vale recordar que ambos proyectos pierden estado parlamentario a fin de año. Sin embargo, en conversación con Mouillerón, Directorio Legislativo pudo saber que el año que viene ambos proyectos serán reflotados con los aportes realizados durante este año de trabajo. “Son más los puntos en común que sus contradicciones” aseguró el vicepresidente de la comisión. “El año que viene vamos a reflotar el debate, con la intención política de unificarlos y llevar al recinto un único dictamen”, agregó. Sin embargo, la consecución de ese objetivo, se verá supeditado a la nueva conformación de la comisión, y la voluntad política para llevarlo a cabo.
Puntos salientes del proyecto del Poder Ejecutivo (0017-PE-2010)
Encuadramiento sindical: Retorna al viejo principio de ubicación geográfica del trabajador y no de la actividad concreta.
Comisión Nacional de Trabajo Agrario: Se le cambia el carácter de comisión negociadora colectiva. Modifica la mayoría de sus miembros, otorgando preeminencia a los funcionarios del gobierno Nacional. El presidente de la CNTA será designado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y tendrá el voto de desempate en caso de paridad en las posiciones.
Régimen de Seguridad Social: Incrementa en un 2% la contribución patronal con respecto a la que determine el Sistema Integrado Previsional Argentino. Reduce las contribuciones patronales del 50% por el término de 24 meses que podrá ser prorrogado por igual plazo, desfinanciando así (según UATRE) al sistema de Seguridad Social Solidario. El proyecto no aclara cómo se va a cubrir el déficit que ello originaría.
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE-Ley 25.191): El proyecto del Ejecutivo crea en su reemplazo el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) que absorbería las funciones y atribuciones que actualmente tiene el RENATRE.
El RENATEA estará a cargo de funcionarios del gobierno Nacional, dejando sin representación a los sectores empresariales y sindicales. Su participación se limitará a un Consejo Asesor sin facultades de decisión.
Entre otras cosas propone a través de uno de sus artículos que los empleadores deberán retener un importe de 1,5% de la remuneración que le corresponda al empleado y que será destinado al RENATEA. Crea, además, con carácter de obligatorio el seguro por servicio de sepelio bajo la órbita del RENATEA absorbiendo de pleno derecho cualquier otro beneficio de igual o similar naturaleza.
Bolsas de Trabajo: El proyecto oficial desconoce la naturaleza intrínseca de estas bolsas e incorpora la figura de veedores propuestos por las entidades empleadoras del sector rural. Crea, asimismo, un servicio público de empleo para trabajadores temporarios de la actividad agraria, que será de utilización obligatoria para los empleadores que necesiten de dicha mano de obra y actuará en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este paso queda sujeto a reglamentación.
Puntos salientes del proyecto de UATRE (5153-D-2010)
Primeramente vale aclara que para la elaboración y redacción de este proyecto UATRE estuvo trabajando durante seis años y el mismo propone una reforma general e integral de la ley vigente de trabajo agrario.
El Expte Nº 5153-D-2010 intenta dar una respuesta a los trabajadores rurales que quedaron excluidos del texto de la Ley Contrato de Trabajo (LCT). Para ello, establece un nuevo Régimen Nacional del Trabajo Agrario y deroga el artículo 2 inciso “c” de la LCT Nº 20.744, referido a los trabajadores agrarios.
Elimina la división existente entre trabajadores permanentes y no permanentes o transitorios. El nuevo régimen promueve la estabilidad del contrato, afirmando el criterio general de la indeterminación del tiempo de duración y cómo excepción el contrato por tiempo determinado o a plazo fijo.
Se mantiene el período de prueba de tres meses y su estabilidad impropia a partir de esa antigüedad. Se incluye el concepto de relación laboral agraria. En cuanto a la jornada de trabajo, se incluye el límite general de las 8 horas diarias y 44 horas semanales. Se extiende la pausa del descanso entre jornada y jornada, extendiéndola de 10 horas a 12 horas.
Impone el pago de las horas suplementarias. En el punto de las remuneraciones, mantiene el régimen actual, pero se limitan expresamente las deducciones al 20% de las remuneraciones, en lugar de dejar esa decisión como atribución de la CNTA del régimen vigente. Se incluye el preaviso y la indemnización sustitutiva del mismo. Incluye la posibilidad de pactar una participación en las utilidades, habilitación o formas similares, siempre que se respeten las remuneraciones mínimas.
Aparece la figura del socio-empleado como una forma de prevenir el fraude laboral vía asociativa como las llamadas medierías. Incluye la aplicabilidad del fuero sindical y demás protecciones de la Ley de Asociaciones Profesionales que poseen todos los trabajadores.
Garantiza las reservas del empleo por desempeño en cargos electivos o representativos y en asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o en organismos o comisiones que requieran representación sindical. Elimina la prohibición del derecho constitucional de huelga. Además, incorpora el derecho de opción de considerarse despedido o de reclamara el mantenimiento de las condiciones originales de trabajo.
Lo relacionado al trabajo familiar se mantiene, pero se limita el supuesto al caso de que el trabajador sea dueño de los elementos, maquinarias y equipos. Eleva la edad mínima de admisión al empleo a 16 años de edad, con el fin de que cumplan con la instrucción escolar obligatoria. Se fija el límite máximo de la jornada para los menores de 16 a 18 años de edad a 6 horas diarias y 34 horas semanales.
En el trabajo de mujeres, indica que no podrán realizar tarea alguna que las expongan a una intoxicación o contaminación proveniente de productos que se utilizan en ciertas explotaciones agropecuarias, ni tampoco levantar cargas pesadas. Incluye, también, el servicio de salas maternales.