La estatización del 51 por ciento de las acciones de la empresa petrolera YPF fue el epicentro de la actividad legislativa en las últimas semanas. En este contexto, la Fundación Directorio Legislativo mantuvo informado vía e-mail a más de 5000 personas con todo lo que estaba sucediendo en los distintos debates, los cruces más polémicos y las declaraciones de los legisladores y funcionarios.
El pleno del Senado, con 63 adhesiones en la votación en general, aprobó tras 15 horas de debate, el proyecto del Poder Ejecutivo que establece la expropiación de YPF, y lo giró a la Cámara de Diputados. Durante la votación en particular, la oposición pidió cambios en distintos artículos, aunque el Frente para la Victoria (FPV) pudo imponer su mayoría.
Tres senadores del peronismo disidente votaron en contra: los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso y el salteño Juan Carlos Romero, mientras que se abstuvieron la representante de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro (CABA), los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau (Frente Cívico y Social), y la legisladora del Frente Amplio Progresista (FAP) Norma Morandini, de Córdoba. Carlos Menem (Fte. Pop. Riojano-La Rioja) y Roberto Basualdo (Peronismo Fed.-San Juan) fueron los únicos dos que no votaron.
En Diputados, el plenario de la cámara convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo con 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, el cuál obtuvo un masivo respaldo opositor en general, pero no en particular. Lo acompañaron los bloques Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino, y el FAP, que lo hizo con disidencias. Además, se discutieron 2 dictámenes de minoría, uno del Pro y otro del Frente Peronista. Aún así, el oficialismo logró aprobar la iniciativa sin modificaciones, tal cual venía del Senado. Las organizaciones kirchneristas festejaron en las gradas y en la Plaza de los Dos Congresos.
El proyecto, denominado “Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina”, contiene 19 artículos. En el primero, se declara a la actividad de la empresa “de interés público nacional”, y como “objetivo prioritario, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización” de los mismos.
Con este fin es que se expropiaió el 51 por ciento de las acciones de la petrolera, todas pertenecientes a la española Repsol, de las cuales el 51 por ciento corresponderá al Estado nacional, mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).