-¿Cuántos proyectos existen?
En la Cámara de Diputados, son nueve los proyectos presentados en referencia a la temática de la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
Los mismos fueron girados a las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, presidida por Mario Fiad (UCR-Jujuy) y de Legislación Penal, al mando de Oscar Albrieu (FPV-Río Negro).
Diana Conti (FPV-Buenos Aires), Victoria Donda (FAP- Buenos Aires) y Ricardo Gil Lavedra (UCR- CABA), autores de las principales iniciativas, llegaron a un principio de acuerdo a mediados de mayo. El hecho representó un guiño político de las tres fuerzas políticas más representativas al avance de la reforma de la ley de drogas.
No obstante, existen otros proyectos de autoría de Adriana Puiggrós (FPV-Buenos Aires), Fabián Peralta (GEN-Santa Fe), y de la diputada mandato cumplido Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro-Buenos Aires) que avanzan en torno a la despenalización.
Para el caso, Conti también presentó un texto para despenalizar el consumo de marihuana para uso terapéutico. En la vereda de enfrente, el texto de Graciela Camaño (Frente Peronista-Buenos Aires) propone aumentar las penas en los casos de tenencia.
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-¿Cuáles son los puntos consensuados?
Si bien todos proponen modificaciones a la ley de estupefacientes Nº 23.737, el acuerdo alcanzado por Donda, Conti y Gil Lavedra sentó algunos puntos en común en la búsqueda de unificar criterios. Éstos son:
Se consensuó penalizar la tenencia de drogas cuando no sea para consumo personal. Si la actual ley de drogas penaliza la tenencia de drogas y se atenúa la pena sólo si “surge inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal”, la idea es revertir la carga probatoria. Es decir, que se pasaría a penalizar la tenencia cuando surja que excede al consumo personal. Así, jueces y fiscales deberían tener pruebas de que la tenencia no es para consumo antes de detener a una persona.
Se busca despenalizar el cultivo de marihuana cuando no sea con fines de comercio. En la actualidad el criterio de muchos jueces determina que el cultivo es un delito y se procede a la detención de personas, con la única prueba de que tengan plantas de cannabis. De cambiarse el artículo 5 de la ley actual, los jueces deberían probar los fines comerciales antes de allanar a un cultivador. La reforma avalaría así el cultivo personal.
El acuerdo alcanza la posibilidad de despenalizar el consumo en la calle, mientras no se induzca a menores a consumir. Se trataría de la modificación del artículo 12 de la actual ley, que penaliza al que “preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes” y al que “usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público”.
El consenso interpretó la necesidad de atenuar las penas para las “mulas”, eslabón más débil del narcotráfico. Se propuso reducir la pena mínima de cuatro a tres años, lo que abriría la posibilidad de su excarcelación, teniendo en cuenta que en muchos casos se trata de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Esto se lograría modificando el artículo 866 del Código Aduanero, el cual castiga con prisión de hasta 16 años a las “mulas”.
-¿Cómo fue el tratamiento?
Las comisiones de Prevención de Adicciones y de Legislación Penal realizaron durante este período tres reuniones conjuntas para debatir los textos vigentes y convocaron a especialistas a fin de conocer diversas posturas.
A pesar de que se contaba con la presencia de Rafael Bielsa, titular del Sedronar, y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ninguno de los dos concurrió por “problemas de agenda”.
-¿Quienes expusieron y qué dijeron?
Entre las diferentes voces que pasaron por los plenarios, se destacaron:
Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia: “¿Cuál ha sido el efecto de la punición al consumidor? ¿Qué eficacia ha tenido? No ha tenido ninguna eficacia preventiva, todos lo sabemos: preventivamente no ha pasado nada. En la actualidad casi no hay sentencias condenatorias y la inmensa mayoría de las causas prescribe”, afirmó el ministro del máximo tribunal.
“Estamos desperdigando esfuerzos policiales y judiciales en un montón de papeles que no tienen ningún resultado. Todos esos esfuerzos que estamos desperdiciando en esto podríamos concentrarlos en la lucha contra el narcotráfico”, añadió ante los diputados.
Mónica Cuñarro, fiscal y secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Prevención y Control del Tráfico de Estupefacientes de la Jefatura de Gabinete: consideró que la vigente legislación “ha demostrado ser absolutamente ineficiente en cuanto a la lucha contra el tráfico”, así como para la “asistencia individual en materia de salud de las personas con problemas de adicción”.
Ignacio O´Donnell y Víctor Malavolta, subsecretarios y representantes del SEDRONAR: Los funcionarios instaron a trabajar “en pos de una nueva norma que no penalice al consumidor”, y que prevea “un aumento en las penas para los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico y el desvío de precursores químicos”.
Alberto Calabrese, Comisionado General de Prevención para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico: expresó que la ley Nº 23.737 fue un “invento macabro” porque “nadie puede consumir lo que no tiene”. En este sentido, propuso “desincriminar para poder trabajar mejor” los diferentes casos de adicción.
Asociación Madres Contra el Paco: se mostraron de acuerdo con la despenalización del consumo y con la urgencia de llevar adelante las campañas de salud y prevención, refiriéndose a la actual ley de drogas que posibilita la persecución y encarcelamiento de los consumidores: “No queremos que vengan por nuestros pibes nunca más. Nuestros pibes son el presente y nuestro futuro”.
Los diputados también escucharon las opiniones de agrupaciones cultivadores de cannabis y otros representantes de la sociedad civil.
-¿Cómo sigue el debate?
Si bien se esperaba la firma de un dictamen, las diferencias internas de los bloques mayoritarios paralizaron la discusión, dejando congelada la reunión prevista para el miércoles 27 y extendiendo los plazos hacia fechas inciertas.
Al respecto, el diputado Fiad, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones, reconoció que se acordó no emitir dictamen “a fin profundizar el análisis del proyecto”.
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