En la segunda mitad del año el Congreso buscará saldar una deuda pendiente y sancionar definitivamente una nueva ley para combatir el delito de trata de personas.
En agosto del año pasado el Senado aprobó un proyecto que modifica la Ley Nº 26.364, que tiene como principal cambio el de no contemplar el consentimiento de la víctima como atenuante.
El texto prevé castigos cuando se “redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad”; se “obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados” y cuando se “promoviere la prostitución ajena o la prostitución infantil”.
En la iniciativa, las penas carcelarias para los imputados de proxenetismo contemplan un castigo de 2 a 4 años de prisión pero, en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores de edad, el castigo va de 5 a 15 años. Establece también crear organismos y volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas.
Hasta ahora, su avance en la Cámara de Diputados se ha reducido a una reunión de los diputados de las comisiones de Legislación Penal, Seguridad y Familia con la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Los legisladores le adelantaron que el tema estaba “en agenda”, aunque la media sanción del Senado aguarde aún su tratamiento en comisión.
En esa ocasión, la funcionaria informó que unos 800 policías federales se encargarían de recibir denuncias por este delito, que compromete “enormes cantidades de dinero, con las que se pueden comprar muchas conciencias”. La ministra de Seguridad, además, consideró “repugnante” el delito de trata de personas y aseguró que se profundizarán políticas para combatir este ilícito, que el año pasado registró unas 931 víctimas rescatadas.
La “detección temprana para dar el alerta, interrumpir la comisión del delito y rescatar a las víctimas” y la “sensibilización, tanto en los sectores de la comunidad como en las fuerzas federales”, son algunos de los ejes de trabajo, según detalló.
En cuanto a la detección temprana, el Senado debate un proyecto que tiene como objetivo central inscribir una leyenda en los paquetes de preservativos, informando a los usuarios sobre los números telefónicos existentes para denunciar delitos de trata de personas.
El texto de autoría de Sandra Giménez (FPV-PJ-Misiones) se basa en que el preservativo es un denominador común en los prostíbulos, debido a que de esa manera el proxeneta evita que las mujeres que explota sexualmente contraigan enfermedades venéreas.
Por ese motivo, se advierte la conveniencia de informar a los usuarios de preservativos sobre posibles situaciones de explotación sexual y la manera de denunciarlas. Dicho proyecto está siendo analizado en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado.
Así las cosas, en el segundo semestre de 2012, la problemática de trata de personas volverá a estar en manos de los legisladores, en búsqueda de generar aportes desde las políticas públicas para luchar contra este delito aberrante.
Foto:
Área de Actualidad
Fundación Directorio Legislativo
directoriolegislativo.org