Son cinco los proyectos de ley presentados por opositores para expropiar la ex Ciccone. Contradicciones internas en los bloques. Quienes son los firmantes.
El Congreso debatirá el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación la empresa ex Ciccone Calcográfica. No obstante, la oposición ya tenía presentados proyectos en este sentido, lo que los colocará en una encrucijada a la hora de la votación.
En el Senado hay dos iniciativas. La primera de ellas entró el 18 de abril, presentada por el senador cordobés Luís Juez (FAP). Además de la expropiación, sugiere que los bienes de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. pasaran a integrar el patrimonio de la Casa de la Moneda y que el personal actual deberá permanecer en su cargo con todos sus derechos laborales adquiridos.
Establece además que el valor de la expropiación será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y prohíbe, hasta que se concrete la expropiación, la realización de cualquier operación entre el Estado y la empresa.
En los fundamentos, Juez hace un raconto del caso Ciccone y considera que, con la expropiación, se “podrá capitalizar a una entidad fundamental para la soberanía monetaria del país” y evitar que “algo que debe hacer el Estado termine en manos de particulares que siempre han estado vinculados en negociados turbios”.
En igual sentido, la segunda iniciativa presentada en la Cámara que conduce Amado Boudou ingresó por mesa de entradas el 30 de mayo con la firma de los senadores salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero y del puntano Adolfo Rodríguez Saá, representantes del peronismo opositor.
Bajo el pretexto de establecer al Estado como único responsable de la impresión de billetes y acuñación de moneda, el texto argumenta que la Compañía de Valores Sudamericana S.A. debe ser expropiada porque “no podemos dejar un tema tan importante como la seguridad de nuestra moneda sea delegada al sector privado, sobre todo cuando no hay opciones de oferentes locales”.
Recuerda además que cuando la empresa Ciccone quebró “se perdió inexplicablemente la oportunidad para que el Estado se convierta en propietario por ser el acreedor principal”.
Tanto Juez como Romero ya votaron a favor del proyecto del gobierno que consiguió despacho en plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
En Diputados, la oposición presentó tres proyectos para declarar de utilidad pública la imprenta. El primero ingresó el 12 de abril, cuando el titular de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, puso en el temario legislativo el caso Ciccone. Su proyecto no sólo fue acompañado por integrantes de su fuerza, sino también por Graciela Camaño (Frente Peronista), Felipe Solá (Unión Peronista) y Fabián Rogel (UCR).
Con un articulado muy similar al texto de Juez, sostiene que la expropiación “pondrá fin a onerosas subcontrataciones y se revalorizará la capacidad de la empresa del Estado que no deberá depender de ninguna empresa privada ni de ninguna empresa pública extranjera para la impresión de nuestros billetes”.
El 7 de mayo, el diputado bonaerense del GEN, Gerardo Milman, se sumó con una iniciativa propia, haciendo hincapié en el mantenimiento de los puestos laborales más allá de la expropiación. Un día después, el radical entrerriano Fabián Rogel, respaldado por diez diputados -entre ellos el titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, y el titular del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza- presentó una iniciativa que persigue idéntico objetivo que las antes mencionadas.
La iniciativa radical concluye que la expropiación implicará “sanear de una vez la muchas sospechas de corrupción y devolver al Estado su autonomía de impresión”. “Una Ceca capaz y transparente, en lugar de una Ceca rehén de una imprenta de fondos oscuros, que saltó a la escena pública entre el escándalo y la opacidad”, cierra Rogel.
A pesar de la existencia de estos antecedentes, la UCR en el Senado rechaza la iniciativa del gobierno al considerarla una operación “muy poco transparente”, y Jaime Linares, del GEN, adelantó que tampoco acompañará al kirchnerismo porque “no entendemos el apuro del gobierno”. No obstante, el texto del Ejecutivo se encamina a la media sanción y a un pase rápido en Diputados, donde habrá que ver qué rol cumplen los opositores que ayer propusieron lo mismo que hoy quiere el gobierno.
FOTO: http://www.informereservado.net
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