El proyecto del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública y dicta la expropiación de la ex Ciccone consiguió media sanción del Senado por 44 votos afirmativos contra 20 negativos el pasado jueves. Este miércoles será tratado en Diputados, donde el kirchnerismo buscará convertirlo en ley.
En el Senado, además del respaldo de sus aliados, el oficialismo consiguió el apoyo del Luis Juez (FAP), quien también había presentado un proyecto de expropiación de la imprenta, y del bloque del Peronismo Federal, a excepción de la senadora Liliana Negre de Alonso. En tanto, los miembros restantes del FAP, la UCR y la Coalición Cívica se opusieron al proyecto oficial. El vicepresidente Amado Boudou, involucrado en la causa que investiga la justicia a raíz de sus presuntos vínculos con la compañía, presidió la sesión especial que comenzó alrededor de las 10.30 y sólo se ausentó durante la exposición de algunos oradores.
El miembro informante del oficialismo fue el senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, quien culpó a las gestiones de Fernando De la Rúa y de Eduardo Duhalde por el “desmantelamiento” de la Casa de la Moneda. “La vocación es recuperar la soberanía en términos de impresión de billetes”, dijo sobre el proyecto de expropiación del gobierno. Explicó además que, durante las gestiones del kirchnerismo, “surgió la necesidad de contratar a la Compañía por la capacidad industrial que tenía” y señaló que la ex Ciccone “se presentaba como la única alternativa local”.
Por parte del radicalismo, el senador Ernesto Sanz arrancó las críticas a la iniciativa oficial. “Nos preocupa si el Estado es capaz de controlar la emisión de su moneda”, arrancó. Además cuestionó la ausencia de los funcionarios para explicar el propósito del proyecto. “¿Tiene miedo algún funcionario del Ejecutivo a expresar sus verdades? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué pretenden que sea una votación a ciegas? Queremos saber qué hay detrás de esta expropiación”, se cuestionó el mendocino.
“En el caso Ciccone la verdad está muy lejos. En los Tribunales y en el Congreso está lejos la verdad, porque las preguntas no tienen respuestas. Que quede muy claro, la UCR no va en contra de una expropiación, sino que va en contra de la ausencia de la verdad”, cerró el miembro informante de la UCR.
Luego expusieron los senadores de la oposición que habían presentado proyectos en igual sentido que el del Ejecutivo: Juan Carlos Romero (Peronismo Federal) y Luis Juez (FAP). “La emisión de moneda es un servicio que debe ser prestado absolutamente por el Estado. Esta ley no extingue ningún delito ni exime de culpas a nadie”, argumentó el salteño Romero para defender su iniciativa.
Juez, por su parte, dijo sentirse en “una posición muy incómoda”. “Presenté un proyecto sobre el tema en soledad en marzo buscando las respuestas que no teníamos”, advirtió. “Voy a apoyar la propuesta oficial, pero que quede claro que estoy muy lejos de buscar la impunidad. La situación procesal del vicepresidente Boudou no es más importante que la calidad institucional de la República”, resumió el cordobés.
Las críticas más duras contra el titular del Senado vinieron de la mano de las senadoras radicales Blanca Monllau y Laura Montero; y de la chubutense Gacriela Di Perna. “Tal vez usted, señor Boudou, nos pueda ayudar a saber a quiénes estamos expropiando; son a los que quiso beneficiar”, fustigó Monllau. Mientras, Di Perna dijo que la estatización de Ciccone “es un matafuegos para apagar un incendio de corrupción”.
“Si llegamos a un empate en este recinto, ¿quién desempata?”, preguntó Montero, y dirigiéndose a Boudou inquirió: “¿Se siente habilitado a expedirse?”. “Estamos expropiando una empresa de la que tenemos dudas de su legalidad. No queremos que este Congreso sea una pileta de decantación, donde se depositan las cosas indeseables”, se quejó la mendocina.
A la hora del cierre, el titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, se preguntó: “¿Se puede aprobar una ley de expropiación sin que nadie explique quienes son los dueños de la empresa?”. “Acá hay mucho silencio, que a esta altura se torna cómplice. De la mano de la Constitución, están convalidando un engaño político. No tienen mandato para convalidar este fraude, más allá de tener los números”, manifestó el formoseño.
Con los números a su favor, Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque kirchnerista, defendió al vicepresidente desde su banca. “No se puede tirar imputación de condenas que no existen, hay una causa que está abierta. No saber quienes son los dueños no es un delito”, se excusó el rionegrino. Además Pichetto recordó que “hay proyectos de la oposición iguales al del Ejecutivo”, y descartó que “no vamos a pagar nada” por la Compañía de Valores Sudamericana.
FOTO: http://noticias.terra.com.ar/
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