Decididos a avanzar a toda marcha, los diputados de la Comisión de Legislación Penal se metieron de lleno en el análisis de la media sanción de la Ley de la Trata de Personas. Para ellos, recibieron la visita de Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), y Paula Honisch, directora nacional de Articulación y Enlace con los Ministerio Públicos en el Ministerio de Seguridad de la Nación; quienes se expresaron a favor del texto recibido en revisión, aunque también plantearon algunas objeciones.
El debate giró en torno a una serie de iniciativas presentadas por legisladores de todos los bloques políticos que buscan modificar la Ley Nº 26.364 en lo que hace a la prevención y sanción de la trata de personas (I) con fines de explotación sexual. Sin embargo, especial atención se está poniendo en el proyecto venido del Senado, que además de aumentar el castigo a los implicados en el delito, amplía la protección de las víctimas y erradica como atenuante de la responsabilidad de los acusados el supuesto consentimiento de la víctima.
Ante la presencia de 10 legisladores, Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), elogió el proyecto para modificar la ley de Trata de Personas, pero consideró “vital” la reforma del Código Procesal Penal para avanzar en la erradicación de este tipo de delitos.
“Es muy bueno que el proyecto borre la distinción entre víctimas menores y mayores de 18 años y que anule el uso de la figura del consentimiento”, destacó Colombo. El texto en debate, que modifica la ley 26.364 -sancionada en 2008-, cuenta con media sanción del Senado y, entre otros puntos, deja de considerar el consentimiento -para víctimas mayores de edad- como atenuante de la responsabilidad del acusado.
Además, el invitado comentó que hoy día los preconceptos o prejuicios de los operadores judiciales es a la hora de encuadrar la situación de la víctima muy grande. En tanto, consideró en este sentido que un problema del proyecto es que se dejó muy abierta la definición de explotación de la prostitución de la mujer.
“Tal como está en el proyecto, esa definición de explotación es muy amplia y puede abarcar a los consumidores de la prostitución”, advirtió el funcionario y pidió que se “remarque el beneficio económico” que obtiene el explotador.
La iniciativa considera a la trata de personas como “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
Prevé también castigos cuando se reduzca o mantenga a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad; cuando se obligue a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o cuando se promueva la prostitución ajena o la prostitución infantil.
Además, Colombo remarcó que en el proyecto se trasladaron los medios comisivos al agravante dando lugar a un vaciamiento del tipo básico y propuso mantener como agravantes solos los actos que son medios comisivos graves, como por ejemplo la violencia física, y no los más leves como puede ser la situación de vulnerabilidad.
Además del fiscal, la comisión que preside el oficialista Oscar Albrieu (Río Negro) recibió a la directora de Articulación y Enlace del Ministerio de Seguridad, Paula Honish, quien resaltó que sigue siendo modelo en la región la actual ley de Trata, más allá de los cambios “positivos” que se le puedan hacer a través de este proyecto.
Primeramente, consideró que antes de cualquier análisis debe tenerse claro que un problema como la trata de personas no se soluciona con más policía en las calles ni con penas más duras, sino que debe pensarse en una solución integral. “Se debe garantizar el alcance de los derechos que queremos darle a las víctimas”, opinó.
Además, la especialista mencionó problemas de “aplicación” de la norma, tanto por cierta “reticencia de policías y operadores judiciales” a involucrarse en investigaciones sobre trata, como por cuestiones de jurisdicción.
Respecto de la media sanción, Honish consideró que tiene “cierta coherencia” y que ello es “muy valioso”, dado que “nos compromete a todos a trabajar en la sensibilización de los distintos actores”. En tanto, resaltó como uno de los puntos centrales de la iniciativa es que “no necesita que se acredite la explotación laboral o sexual de una persona para que se presuma el delito”.
Además, consideró como positivo que se incorpore a la ley la cuestión de la competencia federal, aunque advirtió que esta no tiene que ser extremadamente amplia porque podría transformarla en inaplicable. “Los delitos inconexos deben continuar en las jurisdicciones locales”, sugirió.
En lo que respecta a los preconceptos o prejuicios de los operadores judiciales, la funcionaria de la cartera de Seguridad, comentó: “nunca hemos logrado que la Justicia Federal autorice que en un procedimiento se pueda pasar a los espacios privados donde realmente se consuma la explotación porque los jueces no autorizan las inspecciones”, y remarcó que muchas veces en la práctica resulta muy difícil hacer cumplir la ley.
La propuesta seguirá en estudio en la comisión de Legislación Penal, que no descarta convocar a otros especialistas para que se pronuncien sobre la problemática y la norma proyectada.
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