En el marco de la Bicameral creada para analizar el proyecto de reforma del Código Civil, se realizó la segunda audiencia pública en el Salón Azul del Senado. Entre los principales oradores, se destacaron las intervenciones de Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, y de Daniel Fernández, el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Debido a la gran cantidad de expositores anotados, se realizará una nueva audiencia el jueves.
La segunda audiencia pública de debate del Código Civil y Comercial contó con la presencia de más de 10 legisladores. En exclusivo a Directorio Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados opinó que “El desarrollo de cada uno de los capítulos del nuevo Código Civil y Comercial traen consigo algunas innovaciones que enriquecen el debate como son por ejemplo las nuevas uniones convivenciales y todos los derechos que esto implica”, y agregó que “en materia de adopción hace un extraordinario aporte con la simplificación de los plazos. También, la constitución de sociedad de una sola persona, que es toda una novedad para nuestro marco legal”.
Entre los primeros expositores del día, se presentó la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto destacó que “la identidad es un derecho de jerarquía constitucional” y señaló que el proyecto de reforma al Código es “una iniciativa que tiene avances notables en lo que se refiere al derecho de los niños”.
Con respecto a las pruebas genéticas, opinó que se “debería facultar al juez a obtener ADN de manera coactiva, por intermedio de la fuerza pública”. “La identidad es un derecho de jerarquía constitucional previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. No comprendemos qué se pretende proteger al posibilitar la negativa de un análisis de ADN”, aseguró Carlotto.
Por otra parte, elogió la regulación que contempla el texto sobre un procedimiento “para que nuestros nietos que van recuperando su identidad puedan fácilmente recuperar su apellido legítimo”.
En lo que respecta a legislación indígena, Daniel Fernández, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, halagó el Código porque “implica un avance en un proceso gradual de reconocimiento y posesión de la propiedad indígena”.
A su vez, reconoció que el texto “abre el camino a leyes necesarias como una normativa específica de propiedad comunitaria y de consulta” a los pueblos originarios.
El funcionario aseguró que con el proyecto “se define algo muy importante, que es que el sujeto de derecho es la comunidad indígena”.
El titular del INAI además expresó: “Estamos apoyando porque esto no es un acto iluminado, es una concepción de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos, como el derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria indígena”.
Fernández señaló que “a partir de 2003 que se sancionan leyes buscando salir del plano retórico y poder llegar a una concreción efectiva de estos derechos”. En ese sentido, detalló: “Hay tres leyes sancionadas. Una en 2006, con plena vigencia en 08, que ordena el relevamiento de todas las posesiones y ocupaciones indígenas; la otra es ley de educación nacional, de 2007, que reconoce el derecho a la enseñanza intercultural bilingüe en la argentina; y la tercera es la Ley de Medios, que incorpora el derecho a la comunicación con identidad indígena”.
Distinta fue la opinión de Silvina Ramírez, de la Asociación de Colegio de Abogados de Derecho Indígena, quien dijo que “la regulación sobre la propiedad comunitaria del nuevo Código Civil es un claro retroceso respecto del marco jurídico vigente hoy en Argentina”.
Seguidamente, Ramírez criticó el proceso mediante el cual se redactó el proyecto. “No se estableció ningún sistema de consulta previa tal como lo requiere legamente una reforma como esta”, aseguró.
“En materia de derechos de los pueblos originarios el nuevo Código hace operativo el enunciado de reconocimiento de los pueblos originarios que hace la Constitución Nacional, pero que no tenía aplicación práctica”, aseguró en exclusivo a Directorio Legislativo el presidente de Diputados, Julián Domínguez.
Por otra parte, el diputado del Frente para la Victoria destacó la participación de la sociedad en estas audiencias: “Es central este proceso de opinión y participación dado que es la manera de darle luz y transparencia al trabajo del Congreso de la Nación y de amplificar el análisis de una manera extraordinario. Hay más de 200 instituciones que han adjuntados sus ponencias, lo que implica una diversidad de opiniones que en sí misma garantiza el pluralismo que la sociedad reclama que tenga el nuevo Código Civil”, finalizó.
Esta jornada conforma la segunda audiencia pública para dar a conocer diversas opiniones acerca de la reforma de los Códigos Civil y Comercial. La próxima audiencia pública anunciada será el jueves cuando se continúe con la ronda de consultas. Además, ya hay audiencias pautadas en la Legislatura tucumana el 6 y 7 de septiembre. La gira continuará luego por las ciudades de Rosario, La Plata y Neuquén.
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