Los técnicos de las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados recibieron a especialistas y organizaciones sociales que conocen de cerca la problemática de la Trata de Personas para escuchar sus opiniones respecto del proyecto de reforma que ya cuenta con media sanción del Senado. Asistieron los abogados del INECIP; trabajadoras sexuales agrupadas en AMMAR y en AMMAR Capital, y también representes de la Fundación “El Otro” y María de los Ángeles.
Ante una mesa colmada de asesores técnicos de diputados nacionales, la primera en exponer fue Sofía Caraberos, abogada de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), quien aseguró que si bien la reforma que plantea la media sanción del Senado es buena, no es suficiente y realizó algunos aportes para mejorarla.
En este sentido, la letrada criticó la definición que ese texto propone de “explotación sexual”, ya que sólo hace a un aspecto económico y no cubre todo los flancos de la problemática. “Proponemos hablar de ‘dominio’ porque implica otras dimensiones y hace referencia al poder que tiene el explotador y se deja de lado al cuestión estrictamente monetaria, explico Caraberos.
Además, aseguró que en el texto se registra una superposición de acciones porque se incluye en la definición de explotación tanto la ‘promoción’ como la ‘facilitación’ dado que no hacen a la explotación en sí mismo, sino a una etapa previa.
Luego, fue el turno de Elena Reinaga, secretaria ejecutiva de Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por nuestros derechos (AMMAR), quien aseguró que se confunde lo que es trata de personas con trabajo sexual. “Hemos sido y somos rehenes de la policía. Somos perseguidas por la policía, la justicia y los políticos”, renegó y denunció que “si hoy día las tres leyes que tienen que ver con sexual no salen –trata de personas, aborto y trabajo sexual- es porque la policía tienen sus negocios”.
Por su parte, Gastón Fingerman, abogado de esa asociación, indicó que están a favor de que se reforme la ley de Trata de Personas, aunque también consideró necesaria la modificación de la media sanción del senado. “Coincido en la idea de modificar la definición de explotación y de eliminar la promoción y la facilitación”, aseguró.
Una posición contraria expresó Marta Fontela, abogada de AMMAR Capital, quien aseguró que la media sanción del Senado es “un avance” y que sería muy bueno sancionarla tal como está. “Sabemos que una ley es el producto de una lucha de fuerzas entre distintos actores sociales y hoy esa media sanción es una herramienta muy importante”, consideró.
Además, destacó como positivo que la reforma del Senado incluya a la esclavitud como un delito y que le dé coherencia en función de las actividades de la trata. “incorpora para las víctimas derechos sociales, humanos y culturales”, remarcó.
Más tarde tomó el micrófono Mercedes Asorati, presidenta de Fundación “El Otro”, quien realizó 4 propuestas: que las víctimas de Trata de Personas sean incorporadas a los subsidios existentes; que se agreguen 3 nuevos agravante: torturas, lesiones graves y gravísima; que se dicte la prisión perpetua para el que matara o desapareciera a una víctima de trata para que no realice la denuncia; y que se cree un Comité de Análisis de Riesgo que evalúe la conveniencia de que se incluya a las víctimas en el Programa de Protección de Testigos.
Ya sobre el final de la reunión, Andrea Romero, titular de la Fundación María de los Ángeles, sostuvo que ellos prefieren que el proyecto que ya tiene media sanción sea sancionado tal como está antes que se demore un año y medio más. Los técnicos de estas comisiones acordaron continuar con el estudio de esta problemática en las próximas semanas.
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