El Congreso inició el debate por la reforma del Código Civil y Comercial, proyecto que incluye cambios trascendentes en las reglas de convivencia de todos los ciudadanos respecto a cuestiones de familia y niñez, y también asuntos comerciales y de negocios, entre otras. Tanto los juristas autores del proyecto, como los funcionarios del Ejecutivo que lo modificaron, las organizaciones especializadas y actores sociales involucrados, dieron su postura al frente de la Bicameral creada para analizar la propuesta oficial.
El debate arrancó con los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, junto a la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. Lo propio hizo el ministro de Justicia, Julio Alak, en la instancia previa a la apertura de las audiencias públicas.
En el Salón Azul del Senado, Lorenzetti explicó que el nuevo Código tendrá “una concepción humanista, con una fuerte protección de las personas”. “En el Siglo XIX sólo se pensaba en el hombre adulto. Esta reforma piensa también en la mujer y en los niños”, añadió el titular del máximo tribunal del país.
En materia de consumidores, el juez afirmó que el texto regula las prácticas y los tratos en las contrataciones masivas, así como establece una “norma protectoria frente al consumidor inexperto contra clausulas abusivas”. En tanto, respecto al manejo de moneda extranjera, dejó en claro que “el proyecto no obliga a la pesificación, dado que no prohíbe los contratos en moneda extranjera”.
Por su parte, Aída Kemelmajer de Carlucci disertó sobre las modificaciones realizadas en materia de derecho de familia, temática a la que se le ha dedicado un libro entero del Código. La jurista se refirió a la incorporación de la reproducción humana asistida en el texto y consideró que también debe ser regulada por una “ley especial”, ya que el legislador tiene que ir “controlando” los avances en la ciencia. En lo que respecta a adopción, manifestó que se profundizó el derecho del niño a “conocer sus orígenes”.
Convocado por los legisladores, el ministro de Justicia, Julio Alak, defendió los cambios realizados por el Poder Ejecutivo al anteproyecto de reforma del Código. “Todas las modificaciones están fundamentadas en fallos de la Corte, leyes sancionadas por el Congreso o porque atentan contra el federalismo”, argumentó el ministro.
En cuestiones de coparticipación, el funcionario sostuvo que el nuevo Código pone de relieve “la defensa del federalismo, para que las provincias regulen lo que les corresponden”, y aclaró que “el gobierno está de acuerdo en darle agua potable a todos los ciudadanos” aunque eso no aparezca en el Código Civil dado que “El derecho al agua ya lo fija la Constitución y son las provincias las que lo deben legislar”, advirtió.
Por su parte, en exclusivo a Directorio Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez opinó que “el desarrollo de cada uno de los capítulos del nuevo Código Civil y Comercial traen consigo algunas innovaciones que enriquecen el debate como son por ejemplo las nuevas uniones convivenciales y todos los derechos que esto implica”, y agregó que “en materia de adopción hace un extraordinario aporte con la simplificación de los plazos. También, la constitución de sociedad de una sola persona, que es toda una novedad para nuestro marco legal”.
Posteriormente, la Bicameral realizó una serie de audiencias públicas de debate del proyecto oficial que contaron con la participación abierta de más de 200 representantes de distintas organizaciones sociales, credos, entidades profesionales y expertos en diferentes temáticas, quienes se expresaron sobre todas estas cuestiones.
“Es central este proceso de opinión y participación dado que es la manera de darle luz y transparencia al trabajo del Congreso de la Nación y de amplificar el análisis de una manera extraordinario. Hay más de 200 instituciones que han adjuntados sus ponencias, lo que implica una diversidad de opiniones que en sí misma garantiza el pluralismo que la sociedad reclama que tenga el nuevo Código Civil”, destacó Domínguez.
Las audiencias públicas se trasladarán durante todo el mes de septiembre a las provincias; se escucharán disertaciones en Tucumán, Rosario, La Plata y Neuquén.
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