Como consecuencia del asesinato de un campesino, militante del Mocase Vía Campesina, el miércoles pasado en Santiago del Estero, diputados del Frente para la Victoria y de fuerzas políticas aliadas, representantes del Cels y organizaciones de Derechos Humanos redoblaron su reclamo para que la Cámara de Diputados trate un proyecto de ley presentado en 2011 que propone detener por cinco años los desalojos de tierras rurales y ordena la realización de un relevamiento en todo el país.
Se trata de un proyecto de ley que lleva las firmas de los diputados oficialistas Edgardo De Petri y María Inés Pilatti Vergara, de los legisladores del aliado Nuevo Encuentro Martín Sabatella –flamante titular del AFSCA–, Carlos Heller y Jorge Rivas, y de la diputada de Unidad Popular Liliana Parada. El mismo declara en emergencia territorial por el término de cinco años la posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las comunidades campesinas o los agricultores familiares.
También suspende, durante la vigencia de la emergencia, toda ejecución de sentencia, actos procesales, administrativos, o de cualquier índole, que tengan por objeto desalojar tierras rurales. En tanto, durante ese plazo el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación estará habilitado para realizar acciones a fin de encontrar una solución a los conflictos.
Este proyecto prevé la creación de un Programa Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales, el cual tendrá por objeto determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras rurales, especificando los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socio-ambientales de los ocupantes, con el fin de establecer una Política Nacional de Saneamiento de Títulos.
Lo novedoso será que en el relevamiento colaborarán las comunidades campesinas y las asociaciones de agricultores familiares de cada región. Se constituirán comisiones zonales de tierras con todos los actores involucrados y se hará un acopio de información que incluirá la historia de cada predio, entre otras cosas.
Al respecto la diputada María Inés Pilatti Vergara –una de las firmantes del texto- afirmó que el debate “va a ser movido” porque “ataca fuertes intereses económicos y porque no es una mera suspensión de desalojos. No congela el tiempo y patea el problema para más adelante. No llama a la pasividad, sino que se mete en el carozo del conflicto y propone medir los problemas con otra vara, que no es la que empuñaron siempre hasta aquí los dueños de las topadoras”.
El proyecto de ley fue trabajado, promovido por El Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF), el Frente Nacional Campesino Indígena (FNCI) el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Mesa de Agricultores Familiares de la Provincia de Buenos Aires y el Movimiento Campesino de Liberación (MCL). En tanto, antes de llegar al recinto, este proyecto debe pasar por las comisiones de Legislación General, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda.
Miguel Galván, uno de los miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina, fue asesinado el miércoles pasado en el Paraje Simbol, a 400 kilómetros de la capital provincial, luego de que la organización denunciara en varias oportunidades el amedrentamiento de sus integrantes por defender la posesión de sus tierras contra el avance de empresarios agropecuarios en la zona.
Foto: http://eljumialweb.blogspot.com.ar
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