En lo que fue considerado un gran avance en materia de legislación de género, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a un proyecto de ley que penaliza al delito de femicidio.
Con la sanción de esta ley, se reformará el Código Penal, de manera tal que se considerará como un agravante el matar a una mujer por “odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
También se incorpora el inciso 11 al artículo 80 del Código, que agrava las penas por el asesinato “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
La iniciativa había obtenido media sanción de la dicha Cámara en abril pasado, pero en el Senado el proyecto sufrió modificaciones. Así, los diputados tenían dos opciones: o aceptar con mayoría simple el texto modificado por los senadores, o sancionar la redacción original, para lo cual requerían los dos tercios de los votos de la Cámara.
Finalmente, se dio este último escenario, y la penalización del femicidio fue avalada por los 216 diputados presentes –es decir, por unanimidad- en una sesión que no tuvo debate.
La diputada del FAP, Victoria Donda, lo consideró como “un avance en el tratamiento de la violencia hacia las mujeres, que es en nuestro país y en el mundo, un problemática compleja y extendida”.
“Es importante porque prevé un agravamiento de las penas para los asesinatos cometidos contra mujeres por el hecho de serlo y cuando medie violencia de género y además, porque incorpora una ampliación en los homicidios agravados por el vinculo”, consideró la diputada.
En paralelo, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto que limita las salidas transitorias y otros beneficios como la libertad condicional para condenados por delitos sexuales.
El texto aprobado modifica la ley 24.660 (de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) y establece un régimen complementario de reinserción para quienes hayan cometido una violación.
“Este proyecto responde a la necesidad de dar respuesta a la sociedad ante los graves y reiterados hechos de reincidencia de condenados por delitos contra la integridad sexual. La norma plantea condiciones más rigurosas en la concesión de los beneficios de salidas transitorias y la libertad condicional”, sostuvo la senadora salteña Sonia Escudero.
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