Los senadores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunirán esta semana para debatir un proyecto, con media sanción de Diputados, que condena al trabajo infantil. Al texto venido en revisión desde la cámara baja, se le sumarán los aportes de una iniciativa en el mismo sentida presentada por los justicialistas pampeanos María de los Ángeles Higonet y Carlos Verna.

La primera propuesta obtuvo media sanción de Diputados durante la sesión del pasado 21 de noviembre. En su texto, se tipifica como delito al trabajo infantil en el Código Penal, y se fijan condenas de entre dos y cuatro años para quienes utilicen a menores de 16 años en provecho propio o de un tercero.

El proyecto, impulsado por el titular de la Comisión de Trabajo en Diputados, Héctor Recalde (FPV-PJ-Buenos Aires) busca “prevenir y sancionar el acuciante problema del trabajo infantil que repercute negativamente en lo económico y social y en el ámbito de los derechos humanos, atentando contra el desarrollo físico, mental, espiritual y social de niños y adolescentes, originando graves consecuencias”.

Los fundamentos remarcan que para lograr una aplicación efectiva de la prohibición legislativa del trabajo infantil “se hacen necesarios, no sólo medios de vigilancia, contralor o inspección, sino medidas que hagan totalmente eficaz su cumplimiento tales como la figura penal” sancionada.

En la norma se establecen tres excepciones, una para el caso de los menores que trabajen en empresas familiares; otra que estipula como edad mínima los 15 años; y la última que deja afuera de la prohibición aquellos contratos de menores de 16 años celebrados con anterioridad a la promulgación de la ley.

Además de esta media sanción, en el temario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales también ingresó un proyecto presentado por la senadora Higonet y el senador Verna, que de la misma manera sancionan al trabajo infantil.

La iniciativa de los pampeanos, además de prever condenas de dos a cuatro años de prisión a quien incurra en este delito, agrava la pena en los casos en que el trabajo que el niño o niña realice sea de riesgo. En estos casos, las penas van de tres a seis años.

Al respecto, Higonet declaró que este proyecto busca “garantizar que las etapas educativas y las actividades lúdico-recreativas, sumamente necesarias para el desarrollo del menor, no se vean en ningún modo coartadas por la actividad laboral”.

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