En medio de las denuncias que apuntan a la relación entre empresario Lázaro Baez y el Néstor Kirchner, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, pidió al Congreso una nueva ley de lavado de dinero. En contrapartida, desde la oposición se presentó una batería de proyectos que apuntan a la investigación en las causas por lavado de dinero.
“Deberíamos proponer una ley para que la Unidad de Información Financiera (UIF) y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sean parte querellante obligatoria en causas de lavado de dinero”, sugirió la jefa de Estado.
La primera mandataria consideró necesario elaborar una nueva ley, ya que en materia de lavado de dinero, “a la AFIP y la UIF en muchos casos no les han permitido participar como querellantes”.
En el Congreso, la cuestión no pasó desapercibida. Por caso, el senador Aníbal Fernández (FPV-PJ-Buenos Aires), descalificó las denuncias de la oposición al decir que son “una estupidez sin sentido” aunque señaló que si “hay denuncias hechas, que investiguen y que vayan a fondo”.
Desde la oposición, la senadora Laura Montero (UCR-Mendoza) se corrió del eje de la última sesión -referida a la reforma judicial- y señaló que “no podemos dejar pasar por alto las denuncias de corrupción que involucran a empresarios y funcionarios del Estado nacional”, en alusión a la investigación realizada semanas atrás por el periodista Jorge Lanata.
“Los hechos enunciados y la gravedad de los mismos, ya deberían haber disparado una serie de investigaciones por parte de todos los organismos del Estado que tienen facultades de investigar y controlar”, disparó la mendocina, pero inmediatamente lamentó que estas investigaciones no se hayan realizado.
En la Cámara de Diputados, el tema también está latente. Es que si bien hoy no están en el centro de la escena -ocupada exclusivamente por la reforma judicial- existen proyectos de ley con estado parlamentario que proponen modificar la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen Delictivo (Nº 25.246).
En el Peronismo Federal, Gustavo Ferrari (Buenos Aires), presentó una iniciativa que incorpora nuevos sujetos obligados a brindar información financiera a la UIF. Entre ellos, se encuentran partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro, reaseguradoras y los abogados cuya actuación no involucre secreto profesional.
En el mismo sentido, el diputado del GEN Gerardo Milman (Buenos Aires), también plantea la incorporación de nuevos actores a la ley contra el lavado de dinero, pero en este caso, los sujetos obligados alcanzarían a asociaciones sindicales, obras sociales y mutuales.
No obstante, la escena política hoy tiene a la reforma judicial como escenario de debate. Cuando el mismo culmine, el Gobierno se enfocará en la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Habrá que ver, entonces, si los tiempos electorales dejarán espacio para la actualización de la legislación contra el lavado, algo que, al menos en el discurso, es impulsado tanto por el oficialismo como la oposición.
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