El desempeño legislativo puede medirse por su cantidad, pero también por su calidad. Así como puede decirse que no todos los proyectos tienen igual importancia, tampoco todos los legisladores tienen igual expertise sobre los temas que tratan. ¿Influye el conocimiento específico que puedan tener en la calidad de las leyes? ¿Cómo impacta en una producción normativa de jerarquía?
El asunto tomó vuelo días atrás, cuando se reveló que el flamante diputado macrista Miguel del Sel (Santa Fe) sería el vicepresidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Muchos, entonces, se preguntaron qué atributos tenía para el cargo, en tanto su experiencia como actor en el grupo Midachi no asomaba como suficiente para ser el segundo de un grupo de trabajo encargado de discutir, deliberar y dictaminar sobre políticas culturales.
Y así podría haber una larga lista: históricamente, no siempre fue abogado quien lidera Asuntos Constitucionales, ni economista aquel que encabeza Presupuesto; ni ingeniero el que preside Energía.
¿Es necesario un alto nivel de especialización para integrar una Comisión en el Congreso de la Nación? “Es conveniente, pero un diputado representa al pueblo y un senador a los estados provinciales. No son electos por su expertise, para eso el Congreso tiene oficinas y empleados técnicos, y también los tienen los legisladores”, asegura el secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, Rolando Parodi, un profesional de carrera de la casa.
En efecto, cada uno de los bloques partidarios cuenta con un presupuesto que distribuye entre sus miembros, los cuales, a su vez, contratan asesores que los aconsejan en temas técnicos –generalmente expertos en las especialidades de las comisiones que integran–. Entretanto, para el análisis de determinadas cuestiones pueden conformarse grupos de estudio por bloque que aconsejan a sus legisladores, tal como ocurrió, por ejemplo, en el debate del proyecto de unificación del Código Civil y Comercial.
“Es muy difícil que exista un Poder Legislativo conformado por genetistas para tratar temas de salud”, ejemplifica Parodi. De todos modos, considera que no cualquiera puede ser legislador, cargo que implica ciertas “capacidades mínimas”: “El hecho de que un político participe en campañas da cuenta de una determinada facultad de escuchar a la gente y ciertos atributos profesionales-intelectuales para llevar adelante demandas ciudadanas”, resalta.
A diferencia de un legislador, agrega el secretario de la Comisión de Agro del Senado, alguien que ocupa puestos ministeriales debe tener conocimiento sobre la especificidad de los temas tratados en la cartera que encabeza. “En cargos ejecutivos hay que ir resolviendo temas sobre el momento –justifica-. Los legisladores, en cambio, tienen más tiempo y más posibilidades de debate”.
Es que la naturaleza de los procesos legislativos no es la resolución instantánea de los conflictos políticos, sino una deliberación intrínsecamente más prolongada, en tanto deben ser tratadas por ambas Cámaras. Ello se pensó así porque las normas aprobadas regularán a la sociedad por mucho tiempo y tienen un carácter más estable que ciertos decretos ejecutivos, los cuales, muchas veces llamados a resolver conflictos puntuales, son más fácilmente derogables por futuras administraciones.
En el mismo sentido opinó el diputado Héctor Recalde, titular desde 2006 de la Comisión de Legislación del Trabajo, especialista en derecho laboral y ex abogado de la CGT de Hugo Moyano. “La Cámara de Diputados es un órgano político, y estamos por la representación popular. Obviamente sería mucho mejor si el diputado, además de tener apoyo –que lo tiene por haber sido electo-, tiene capacidad como para que el producto legislativo sea mejor. Pero hay que buscar ese equilibrio. Es conveniente, pero no puede ser un requisito”.
Además, según la visión de Recalde, exigirle a un representante determinado conocimiento para formar parte de una Cámara o de una Comisión sería una suerte de “voto calificado”: “Cuanta más versación mejor, pero lo importante es la representación popular; y, si viene con el adorno científico-técnico, mejor”.
También la directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, María Barón, alude a cierta armonía y proporción entre la trayectoria y el saber profesional de cada uno de los representantes. “Debería promediarse la experiencia y trayectoria profesional, política y en Comisión que han tenido los legisladores a la hora de definir las presidencias de las Comisiones en el Congreso de la Nación”, sostiene.
No obstante, para Barón el problema reside no sólo en los legisladores, sino también en sus colaboradores, y platea la necesidad de que estos últimos sean elegidos por concurso: “No se puede debatir con seriedad este tema sin considerar la necesidad urgente de un cuerpo estable de asesores en comisión, que ingrese al cuerpo por concurso y que puedan dar tratamiento técnico a los temas. Es esto lo que habilitaría un debate serio que produciría posteriormente normativa y un plexo jurídico serio, confiable, previsible, sin contradicciones y en armonía con normas previamente aprobadas”.
“La tarea de los legisladores es política-decisional. No hay regla que especifique la necesidad de determinada expertise para acceder a los cargos. Se trata de una cuestión política. En otras palabras, si cumple los requisitos para ser diputado, no se le puede impedir que forme parte de una Comisión”, explica la subdirectora de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación, Isabel Giménez Díaz. De hecho, el reparto de Comisiones suele realizarse cumpliendo con las proporciones de representatividad de cada bloque, respetando mayorías y minorías. “Algunos son especialistas y otros no, pero todos tienen atrás asesores”, añade.
Cantidad de Comisiones
“Yo estoy sólo en cuatro Comisiones, debo ser uno de los más humildes; sé que no puedo estar en más. Pero otro creerá que puedo estar en seis, siete u ocho comisiones”, se ríe Recalde, cuando se da cuenta de la coincidencia entre sus dichos y el nombre del programa oficialista que se emite por el Canal Público.
Giménez Díaz reconoce que hay una discusión sobre la cantidad de comisiones. El Senado, por ejemplo, las redujo a la mitad –hoy tiene 26–. En cambio, Diputados las mantuvo en 45, lo que genera mayor “duplicidad” de legisladores en distintos grupos de trabajo, es decir, que un mismo legislador integre varias comisiones. Y la relación que establece es la siguiente: cuantas menos comisiones, menos duplicidad. Pero “la cuestión está en que concurran y en su trabajo, no en el mero hecho de que la integren. La duplicidad no es un obstáculo, y para medir la calidad legislativa no puede ser una variable la cantidad de comisiones que cada uno de los diputados integran”.
Ya más serio, Recalde cree que el estar en muchas comisiones no dificulta el trabajo o la especialización. “Todos los Diputados tenemos derecho a participar y opinar en todas las comisiones, pero sólo a votar en las que somos miembros. La diferencia es que aquel que integra una comisión tiene la obligación de participar, dar quórum e ir a las votaciones”, indica.
Parodi explica que el Senado decidió que todos los miembros de la Cámara tuvieran igual cantidad de Comisiones y todas, a su vez, tuvieran la misma cantidad de miembros. Es por ello que, con el objetivo de respetar las proporciones de representatividad política de cada bloque, se llegó a que cada uno de los legisladores integrase seis comisiones. “Complica el trabajo –admite-, pero se llegó a eso para tener igualdad en las condiciones de representación”.
Conveniente, pero no necesario. Preferible, pero no obligatorio. Así parece funcionar el Congreso en materia de especialización. Si no hay tales requisitos para acceder a los cargos legislativos, tampoco los puede haber para formar parte de sus órganos internos, coinciden los especialistas.