El debate por el aborto no cesa. Proliferan posiciones a favor y en contra, más o menos argumentadas. La decisión debería estar en el Congreso de la Nación y, a pesar de que asoma un creciente consenso acerca una legislación en pro de su despenalización, algo la traba. Al parecer, hasta que la voluntad presidencial no habilite su deliberación, cualquier esfuerzo que intente una mayor apertura está destinado a languidecer. Y se sabe: Cristina Kirchner se opone a legalizar el aborto.
La práctica incluso es apoyada por diputados a los que nadie acusaría de desobediencia, como Diana Conti. Más aún: gran parte de los legisladores a favor de una despenalización pertenecen al Frente para la Victoria, que probablemente no estarían dispuestos a llevar hasta las últimas instancias el debate. Dejarían a la Presidenta en una disyuntiva que podría conllevarle un alto costo político. Vetar o no vetar sería la cuestión.
En este marco, por quinta vez, pero con más optimismo que las anteriores oportunidades, diputados de todos los bloques representaron en el Congreso un proyecto de ley que prevé la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación con el solo pedido de la mujer. Podría comenzar a tratarse en comisión en las próximas semanas.
Con el apoyo de casi 70 diputados de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, la iniciativa propuesta desde la agrupación civil Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se conformó en 2005, busca terminar con los elevados índices de mortalidad materna en el país. Se trata de la quinta vez que llega a la Cámara baja, tras ir perdiendo estado parlamentario por no debatirse ni en comisiones ni en el recinto.
“En la Argentina se calcula que abortan clandestinamente más de 500.000 mujeres al año, lo que demuestra que la penalización de esta práctica resulta inútil. Por lo que sostenemos que el debate sobre la despenalización y legalización del aborto resulta fundamental y urgente”, explicaron las autoras de la iniciativa.
“No nos van a cansar en la lucha”, sostuvo Cristina Zurutuza, integrante de la Campaña, durante conferencia de prensa en la que se anunció la presentación del proyecto. En esta oportunidad los impulsores son más optimistas de que, al menos, se plantee el debate en las comisiones de Legislación Penal —la primera a la que este proyecto tiene giro y donde ya fue puesto en agenda a pedido de la diputada Victoria Donda (FAP-Libres del Sur)—, Salud y Familia.
La propuesta despenaliza y legaliza la práctica en las primeras doce semanas de gestación y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación y si el feto tiene malformaciones graves. Prevé además que la atención sea realizada en hospitales públicos y también tenga cobertura por obras sociales y prepagas. Y no establece ningún requisito más que la voluntad de la mujer de llevar adelante esa decisión.
“El aborto clandestino es un problema de salud pública por ser la primera causa de muertes maternas, es un reclamo de justicia social ya que las principales víctimas son las mujeres pobres y de respeto”, señaló la líder de la campaña, compuesto por más de 300 organizaciones de DD.HH, universitarias, sindicales, artísticas, feministas y políticas, entre otras.
Por su parte, la diputada por el Frente para la Victoria, Araceli Ferreyra -firmante del proyecto- aseguró que a pesar de los intentos fallidos para lograr que el proyecto sea tratado en el Congreso “logramos instalar el tema. Eso es importante. La lucha no se mide por la batallas ganadas sino por la capacidad de recomponerse y salir adelante”.
En tanto, la diputada oficialista Adela Segarra reconoció que “Es una asignatura pendiente que tiene el Estado, un tema central y estratégico de salud pública”, concluyó.
¿Mayor concientización?
A favor o en contra, las campañas están penetrando en la sociedad. Quizá no para aprobar una ley despenalizadora, pero sí para producir una mayor concientización sobre los riesgos que conlleva la práctica, lo que generó que incluso legisladores antiabortistas pretendan resguardar a las mujeres. Así, la diputada macrista Gladys González (Buenos Aires) volvió a presentar un proyecto de ley en el que busca regular el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles (ANP), el cual, sostiene, debe ser guiado por los principios de acceso a la información, imparcialidad, integralidad, privacidad, confidencialidad y celeridad.
La iniciativa pretende garantizar que las instituciones que presten servicios de ANP para que éstos, incluida la atención previa y posterior al procedimiento, ofrezcan privacidad a las mujeres.
Además, pretende capacitar a los empleados de los centros médicos que brinden el servicio a fin de asegurar la privacidad y confidencialidad. “Si bien estoy en contra de la despenalización del aborto, entiendo que hay situaciones de conflicto de derechos, el del niño por nacer y el de la mujer, que resultan necesarios contemplar”, fundamentó la autora del texto.
Este proyecto posee una doble finalidad: por un lado, garantizar la asistencia integral de la salud de la mujer en los casos de aborto no punibles; por el otro, no dejar impune la comisión de la violación como delito vejatorio de la intimidad e integridad sexual de la mujer. En este orden de ideas, es que la diptutada macrista propone la incorporación del procedimiento, en los casos en que la mujer o su representante legal no hayan realizado la denuncia.
A favor o en contra, pareciera que el tiempo va generando tanto en la opinión pública como en los representantes del pueblo la necesidad de profundizar el debate y atender los problemas que aquejan a una práctica que se realiza, en un alto porcentaje, en forma clandestina, trasladando los mayores costos y riesgos hacia los sectores de menores recursos.