Desde hace años diversas ONGs, periodistas y ciudadanos en general venimos reclamando la sanción de una Ley Nacional de Acceso a la información pública, que garantice el derecho de todos los ciudadanos de acceder a información en manos del Estado de forma rápida y completa. Sin embargo, hasta ahora no lo hemos logrado.
A fines de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley consensuado por casi todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pero éste nunca pudo ser aprobado por la Cámara de Diputados (quedó varado en la comisión de Presupuesto y Hacienda, en ese entonces a cargo de Gustavo Marconato – FPV, Santa Fe-), y culminó su estado parlamentario en febrero de 2013. Desde entonces no hubo mayores avances.
Sin embargo, el 1° de abril pasado, la oficialista Diana Conti (Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que regula el derecho de acceso a la información pública, y ya puso fecha para su tratamiento: será el 30 de abril, a las 11 hs en la Sala 1, donde se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales que ella preside. Luego, deberán debatirlo también las comisiones de Justicia y Presupuesto y Hacienda, para que pueda ser tratado en el recinto.
La regulación de este derecho es un tema transversal a todos los bloques parlamentarios: Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires), Mario Pais (FPV-Chubut) junto a 5 legisladores del bloque, el Frente Renovador (representado por los diputados Pérez, D’Alessandro, Alegre, Martínez y Schwindt), Manuel Garrido (UCR-CABA) y Graciela Camaño (FR-Buenos Aires) han presentado proyectos que regulan la materia en lo que va de 2014. Por su parte, Hugo Maldonado (UCR-Chaco) junto a otros 10 legisladores del bloque; Fernando Solanas (Proyecto Sur-CABA) y Laura Alonso (PRO-CABA) hicieron lo propio en 2013.
En lo referente al Senado, Gerardo Morales (UCR-Jujuy) representó este año un proyecto de 2012, y Rubén Giustiniani (FAP-Santa Fe) representó el suyo de 2005, 2007 y 2009, el cual había sido tomado como base para la media sanción de 2010; y en 2013 Negre de Alonso y Rodríguez Saá (ambos del bloque Compromiso Federal de San Luis) también hicieron lo propio.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó en dos oportunidades la necesidad de una Ley Nacional en este sentido. La primera fue en 2012, a raíz de un pedido sobre publicidad oficial del PAMI, realizado por la Asociación por los Derechos Civiles, en donde estableció por primer a vez que todos los órganos del poder público están alcanzados por el derecho de acceso a la información.
Luego, hace poco menos de un mes, la CSJN volvió a dictar sentencia en la materia. Dijo que “para garantizar en forma efectiva el derecho a la información, el Estado debe dictar urgentemente una ley que (…) regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho”. Click aquí para ver el fallo.
Estos antecedentes resultan clave para la definitiva sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Si bien la Corte Suprema no tiene poder vinculante sobre el Poder Legislativo, una sentencia del máximo tribunal dicta jurisprudencia en la materia, y deja en evidencia la deuda pendiente del Congreso Nacional con todos los argentinos. Dado el amplio apoyo por parte de todos los bloques legislativos a la materia, y que aparentemente el proyecto tiene fecha de tratamiento ¿será el momento de la tan ansiada Ley?