A un año del “Consenso de Montevideo”, representantes gubernamentales y de la sociedad civil se reunieron en la Cámara de Diputados para celebrar este acuerdo que asumieron los países de América Latina y el Caribe en la Primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo. En la reunión, se analizaron los logros y desafíos pendientes para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el bienestar de la juventud y el desarrollo del país y la región.
La jornada fue organizada por el “Grupo Parlamentario Internacional de Población” y la “Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y su seguimiento después de 2014”. Participaron los diputados del GEN, Frente para la Victoria y del radicalismo. También estuvieron presentes funcionarios de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
El “Consenso de Montevideo” amplió las metas comprometidas en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Cairo en 1994, en especial respecto a los derechos de adolescentes y jóvenes, la reducción de la mortalidad materna, y la atención del aborto seguro.
El documento regional que adoptaron los gobiernos de América Latina y el Caribe, reunidos en Montevideo en agosto de 2013, es un hito ya que plasma muchos de los reclamos que las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de mujeres, vienen sosteniendo y solicitando desde hace años en materia de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos.
Luz Melon, Consejera de Cancillería afirmó que “la perspectiva de género y los derechos sexuales y reproductivos son clave para erradicar la pobreza”. Por su parte Sabrina Frydman, de Amnistía Internacional aseguró: “Venimos a festejar Montevideo” y agradeció el espacio de diálogo entre Estado y sociedad civil. Además, destacó algunos logros del documento regional: el foco puesto en la juventud, el reconocimiento del aborto inseguro como causa de mortalidad materna y como problema de salud pública, el derecho de todas las personas a ejercer su sexualidad e identidad sexual sin discriminación, y la necesidad de elaborar información desagregada por sexo para seguimiento y monitoreo de las políticas públicas.
Finalmente, Mabel Bianco, presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer destacó la diversidad de organizaciones que integran la alianza y señaló que Argentina tiene la responsabilidad de dar el ejemplo y pidió que el Congreso “apruebe algunas leyes y además cumpla el mandato de esta casa, que no solamente es aprobar leyes sino asegurar que se ejecuten bien”.
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