Luego de que la Presidenta firmara en diciembre el DNU que creaba el Fondo del Bicentenario, la oposición activó diversos mecanismos para impedir su implementación: prometió rechazarlos vía legislativa y presentó varios amparos judiciales y medidas cautelares en la Justicia. Y la Justicia hizo lugar a esos argumentos.
Ante ese panorama, el 1º de marzo Cristina Fernández de Kirchner decidió derogar ese DNU mediante otro decreto, y firmó dos más: uno de Necesidad y Urgencia (el 298) para pagar a acreedores privados, y otro, “simple”, para pagar al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial.
Es así que de la totalidad de los 115 miembros que tienen las tres comisiones competentes (Presupuesto, Finanzas y Asuntos Constitucionales) este proyecto obtuvo 50 firmas, lo que no alcanza a ser un dictamen de mayoría. En la impugnación que presentó Rossi, además de cuestionar que esas comisiones dictaminen sobre una cuestión que compete a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo, se resalta que el “supuesto dictamen” no cuenta con las firmas exigidas por reglamento para dictaminar. Según el reglamento, un dictamen de mayoría es tal cuando tiene la firma de la mayoría absoluta de la totalidad de las comisiones que son competentes.
Después de eso la historia continuó. El jefe de la bancada oficialista en Diputados, Agustín Rossi (FPV- PJ- Santa Fe) presentó una nota al presidente de la Cámara, Eduardo Fellner (FPV- PJ- Jujuy), en la que pide la impugnación “del supuesto dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda en fecha 18 de marzo, y por la reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Asuntos Constitucionales el día 23 de marzo”, que pretende mediante un proyecto de resolución declarar nulo “de nulidad absoluta” el Decreto de Necesidad y Urgencia 298/2010. Es por la “falta de adecuación a los requisitos sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
En tanto en la Justicia la disputa por el uso de reservas también hubo novedades la semana pasada. El martes 30, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso y después la Sala I, hicieron lugar a una apelación del Gobierno y habilitó el uso de reservas para el pago de la deuda. Anuló así la resolución de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, dictada en el marco del proceso cautelar tramitado a raíz del DNU 2010/09 (Fondo del Bicentenario), habiendo extendido la suspensión originalmente dispuesta respecto de aquella norma al DNU 289/10. Posteriormente la Sala I falló en el mismo sentido, con lo que por partida doble quedó revocada la medida cautelar que mantenía congelado el decreto que creó el Fondo de Desendeudamiento.
Esto implica que a partir de hoy el Ministerio de Economía podrá disponer de los 4382 millones de dólares que el Poder Ejecutivo le había ordenado al Banco Central (BCRA) separar de las reservas a comienzos de marzo para comenzar a hacer frente a los pagos de obligaciones financieras con tenedores privados de deuda argentina.
Por otro lado, ayer, en su visita a la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el ministro de Economía, Amado Boudou, defendió el uso de las reservas y destacó la importancia del fallo: “Hemos tomado una buena medida, la Presidenta tomó una buena decisión, al quedar liberados los fondos, volvieron a subir los títulos”.
En ese marco, el jefe del bloque kirchnerista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto (FPV- PJ- Río Negro), reclamó iniciar “cuanto antes” la discusión en torno a una ley que habilite el uso de reservas para pagar deuda, ya que de esa manera se “daría un soporte legislativo al Poder Ejecutivo”.
Varios dirigentes de la oposición dijeron que no apelarán al fallo ni llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia. En cambio, agregaron, darán esa batalla en el Congreso. Esta semana intentarán declarar nulo el decreto 298, en las sesiones de ambas cámaras. En Diputados la oposición alcanzaría el número de legisladores necesarios para rechazar el decreto del Ejecutivo. En el Senado el panorama es distinto: no tiene asegurado quórum propio que le permita sesionar sin la presencia del kirchnerismo.
Desde entonces, una tras otra, un aluvión de repercusiones.
Ingresó el decreto y la oposición reaccionó instantáneamente. En Diputados, por separado, y en algunos casos con las firmas de diputados de diferentes bloques, la UCR, el PJ Disidente, la Coalición Cívica, el PRO, el Socialismo y el GEN presentaron proyectos de ley y de resolución para derogar y declarar de “nulidad absoluta e insanable” el decreto 298 y, por ejemplo, para ampliar la composición de la comisión bicameral.
Además, el 3 de marzo en el Senado la oposición modificó la composición de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, reemplazando a Beatriz Rojkes de Alperovich (FPV-PJ – Tucumán) por Luis Juez (FC – Córdoba). La iniciativa fue ratificada por el presidente del cuerpo, Julio Cobos, el 9 de marzo. El Frente para la Victoria, en total desacuerdo, se presentó a la Justicia, que dictó un fallo para que la comisión vuelva a su composición original. Cobos presentó una apelación ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, a la que, la semana pasada, el juez Enrique Lavié Pico hizo lugar, y dio cinco días hábiles para presentar sus argumentos y, luego, elevarlos a la Sala III de la Cámara en los Contencioso Administrativo
Esa comisión, ya modificada, se reunió el lunes 15 de marzo para dictaminar su rechazo al polémico Fondo de Desendeudamiento (Fondes). Ese dictamen fue el que analizó y trató la cámara de Diputados en la sesión del miércoles 17 de marzo.
En medio de todo eso, el martes 9 de marzo llegó un anuncio muy importante: la Presidenta hizo propio el proyecto de ley del pampeano Carlos Verna (PJ – La Pampa) para utilizar las reservas del Banco Central para cancelar vencimientos del pago de la deuda externa, dejando así sin efecto el DNU que firmó el lunes 1 de marzo (298) que creaba el Fondo de Desendeudamiento. La iniciativa fue enviada el mismo día al Congreso, como un Mensaje del Poder Ejecutivo de la Nación.
Como si fuera poco, el bloque de Nuevo Encuentro, aliado al Gobierno, presentó la semana pasada un proyecto de ley para crear el Fondo del Desendeudamiento Argentino con el fin de pagar con reservas del Banco Central la deuda pública.
El proyecto va en la misma dirección del decreto presentado por la Presidenta de la Nación el 1 de marzo pasado. La única diferencia con el DNU es que las transferencias desde la entidad bancaria hacia el Tesoro Nacional deben ser “en estricta concordancia con la fecha de cada vencimiento”.
Tras el fallo judicial que abortó la sesión del 17 de marzo (ya el 18 a la madrugada), en la cual los diputados opositores pretendían declarar la nulidad del decreto por necesidad y urgencia que habilita el pago de la deuda pública con reservas del Banco Central, se debatió en la Comisión de Presupuesto sobre proyectos de ley y de resolución que declaran la nulidad del DNU 298.
A pesar de que el oficialismo pretendía dilatar los tiempos, la oposición, imitando al kirchnerismo, firmó el dictamen del proyecto de resolución de Elisa Carrió (CC – CABA) mientras se discutía en la comisión que conduce el santafesino oficialista Gustavo Marconato (FPV- PJ- Santa Fe).
Al dictamen le faltaban seis firmas para alcanzar las 25 reglamentarias que se requieren para obtener uno de mayoría (ahora está en minoría), que pueda ser tratado por las otras comisiones con giro (Presupuesto tiene 48 integrantes). La oposición confiaba entonces en poder conseguir más apoyos para lograr un dictamen de mayoría, pero no fue posible. De todas maneras, el dictamen de minoría continuó los pasos parlamentarios y fue tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas el martes 23 de marzo.