Nuevamente hubo convocatoria para los diputados miembros de la Comisión de Derechos y Garantías, encabezada por Victoria Donda (LDS-Buenos Aires), para recibir a expertos de la APT y especialistas sobre mecanismos contra la tortura, en el marco del debate por la creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
El secretario General de la Asociación para la Prevención de la Tortura, Mark Thomson, destacó la necesidad de establecer un mecanismo nacional de prevención que analice las causas de la tortura y busque soluciones para evitarla. A su vez señaló la dificultad que se presenta en nuestro país para implementar dicho mecanismo a nivel nacional por ser de tipo federal. Sin embargo, el funcionario también resaltó la voluntad que existe hoy en día para tener un mecanismo eficaz, y destacó que la Argentina “fue el primer país federal en adoptar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura en 2004”, y que ahora debe hacerlo a nivel nacional.
Asimismo, el presidente del Comité Naciones Unidas contra la Tortura, Claudio Crossman, reconoció que la Argentina es citada como ejemplo en materia de derechos humanos, lo que se demostró con la rectificación del protocolo adicional. De igual forma explicó que “por razones políticas la tortura hoy no es una política de Estado, pero es general la tortura de los delincuentes comunes”.
Por su parte, Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenció que nuestro país fue pionero en derogar las leyes de amnistía y en modificar el Código de Justicia Militar, lo que la ubica en un rol central de protección de los derechos humanos. Sin embargo planteó que Argentina está un poco lenta, y un paso atrás en lo que respecta a la implementación del protocolo opcional.
Luego fue Juan Méndez, catedrático en la universidad de Washington y ex consejero de Naciones Unidas para la prevención del genocidio, quien aclaró que la justicia es necesaria pero no suficiente para prevenir la tortura. Al mismo tiempo pidió cerrar el ciclo de impunidad y contribuir con la implementación de un mecanismo para prevenir la tortura.
El diputado Remo Carlotto (FPV-PJ-Buenos Aires) explicó a los invitados en qué estado estaba el debate parlamentario. Primero reconoció que el cuello de botella de este proyecto para reglamentar un mecanismo nacional contra la tortura es el tema del federalismo, tal como lo habían señalado los oradores. A lo que agregó que eran dos los proyectos que se discuten en comisión que se tomaron como base para elaborar un ante proyecto de dictamen. Informó además que ya estaban en el tramo final de la discusión y que en breve habría un despacho en este sentido.
De hecho, la presidenta de la comisión convocó para el jueves 19 una reunión conjunta con Peticiones, Poderes y Reglamentos para emitir despacho sobre el tema.