En el Senado, y con 8 firmas sobre un total de 15 en cada comisión, se logró un dictamen de mayoría sobre el proyecto que modifica el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia. De tal manera, la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de Diputados, está en condiciones de ser debatido en el recinto de sesiones.
Con el pedido del senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) de que se firmara dictamen en esa misma reunión y el intento del oficialista de dilatar el tema una semana más, arrancó el plenario de ambas comisiones, que se reunió en conjunto para tratar la modificación de la Ley 26.122 sobre el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de las leyes.
A tal fin, los senadores invitaron a los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay, Félix Loñ, Arístides Corti y Armando Canosa para exponer sus opiniones antes de pasar a la firma el dictamen.
El primero en exponer su postura fue Daniel Sabsay, que empezó haciendo una aclaración sobre los objetivos de la reforma constitucional de 1994: “La idea era conceder una única reelección inmediata y atenuar el presidencialismo”, aseguró. En ese sentido, sostuvo que el fin es limitar la acción del presidente y que el proyecto de Ley 26.122 infringe a la Constitución en dos aspectos. Por un lado, por el hecho de que un DNU sea convalidado por una sola Cámara, algo que “claramente va en contra del espíritu de la reforma”. Por el otro, la ausencia de plazos estipulados para dicha “medida excepcional”. “Con este proyecto se superan estos inconvenientes. Es necesaria la voluntad de ambas cámaras y establecer un plazo de vencimiento del decreto”, advirtió.
Advirtió finalmente que por estas dos cuestiones “el Congreso no tiene la efectiva facultad de controlar”, y afirmó que “con la media sanción de Diputados se subsanan estos dos inconvenientes” porque, si el proyecto es aprobado en el Senado, “se necesitaría el pronunciamiento de las dos cámaras en un plazo y al finalizar ese plazo el DNU se caería”.
A continuación, Félix Loñ subrayó su “coincidencia con todo lo expresado por Sabsay” y su “postura a favor de la sanción de Diputados”. “Si toman el del otro, sea el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial, se destruyen los pilares del sistema de Gobierno”, sentenció. También destacó “lo importante que es ponerle límites a la firma de DNU”.
No obstante, advirtió que el proyecto debería ser modificado en algunos puntos y, en este sentido, remarcó que “el rechazo de un DNU tiene que ser por mayoría absoluta y no simple”, como señala uno de los fragmentos de la iniciativa.
Por el contrario, Arístides Corti, invitado por el oficialismo, se mostró “a favor de la ley vigente” y afirmó que la norma “no merece objeciones constitucionales”. “Los DNU no entran en las atribuciones del Poder Legislativo”, disparó. Además, el especialista consideró que “hay un Poder Ejecutivo colegiado” y que los decretos “deben ser firmados por todos los ministros del gabinete nacional”.
Por último, Armando Canosa señaló que “el rechazo o aceptación a un DNU por el Congreso debería hacerse de acuerdo con la ley”. Para eso, el abogado propuso que los legisladores se manifiesten mediante una ley expresa para establecer si acuerdan o no con el DNU.
“La ratificación y o el rechazo de un DNU tiene que ser de acuerdo a la forma típica de manifestación que tiene el Congreso que es nada menos que la ley”, concluyó el constitucionalista.
Finalizadas las exposiciones de los invitados, circuló para la firma el dictamen que recoge el texto de la media sanción de Diputados, impulsado por el arco opositor.