Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior del Senado se reunieron para dar debate a proyectos de ley sobre seguridad, con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y el ex ministro de Justicia León Arslanian, quienes mostraron diferencias sobre una iniciativa para erradicar desarmaderos de automotores.
Los funcionarios fueron invitados para exponer sobre el proyecto –Expte Nº 1638-S-2010- presentado por el jefe de bloque del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), que plantea la clausura definitiva de los lugares que funcionan como desarmaderos de automotores, y prohíbe la comercialización, el transporte y almacenamiento de autopartes y otros de automóviles.
En este sentido se expresó el ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, Ricardo Casal, quien señaló que “de los casi 700 mil autos que se producen anualmente, el cinco por ciento son robados o hurtados en la provincia de Buenos Aires” y agregó que “las estadísticas criminales indican que sigue creciendo el robo automotor porque sigue siendo un gran negocio”.
Por otra parte, el ministro bonaerense expresó que “la Cámara de autopartistas asegura que no existen repuestos que no se consigan en el mercado lícito en nuestro país, yo les digo a los usuarios que ese repuesto, que es más barato, en muchos casos está sucio con sangre de inocentes”.
Su respaldo al proyecto de ley del senador oficialista Miguel Ángel Pichetto fue contundente y remarcó que el Gobierno bonaerense “acompaña en todos sus términos este proyecto” porque la existencia de algunos desarmaderos autorizados hizo que existiera “quienes organizan desde lo lícito el ilícito”. Y concluyó: “La provincia está sumamente comprometida con esta propuesta porque terminaría por acorralar a aquellos que por un precio se transforman en mercaderes de la muerte”.
Al momento de hacer uso de la palabra, Miguel Ángel Pichetto (FPV-PJ-Río Negro) defendió su iniciativa al señalar que su espíritu es “suprimir la venta de autopartes usadas” porque “todo el mundo sabe que es un mercado con esencia delictiva” y explicó que “es de naturaleza esencialmente ilícita la actividad comercial de autopartes de automóviles usados”.
Además, el legislador rionegrino pidió profundizar el “abastecimiento del mercado con autopartes nuevas”, ya que entiende que favorecerá la producción y el empleo en el país. También dijo que la pena –que es de entre cuatro y 12 años, y que está prevista para los que desarrollan la actividad- tiene que ver con sancionar una figura que está relacionada con la asociación ilícita.
No tan de acuerdo con estas posturas estuvo el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián, que sugirió redactar la reglamentación del proyecto junto con la iniciativa para evitar que “la supresión de una categoría de desarmadero no habilite el funcionamiento de otros tipos de desarmaderos”.
Además, el ex funcionario cuestionó la iniciativa de Pichetto porque le impone penas de cárcel incluso a aquellos que compran y venden autopartes de forma legal, por lo que consideró que “habría que buscar una alternativa”.
La titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la senadora salteña Sonia Escudero (Peronismo Fed.), aseveró que para evitar un desabastecimiento para muchas personas habría que “ver qué políticas se pueden aplicar para quienes usan autos viejos”.
Más tarde, en declaraciones a los medios, el gobernador de la provincia de Buenos Aires manifestó que aprobar la iniciativa presentada por el jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, da una “importancia estratégica para combatir el delito” y reclamó que se aceleren los tiempos para “limitar de una vez por todas ese flagelo”