Tal como lo habían solicitado el propio ministro de economía de la Nación, Amado Boudou y los diputados de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados en la reunión de presentación de los proyectos de Ley de Quiebras, los asesores de las comisiones de Legislación General, de Justicia y de Legislación del Trabajo se reunieron el último martes para analizar de modo comparativo dichas iniciativas.
Allí se hizo hincapié en las modificaciones a la etapa del concurso y además a la de la quiebra. En este encuentro tuvieron una participaron activa Luis Alberto Caro, abogado y presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), y Marcela Macellari, abogada de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), quienes brindaron sus opiniones sobre los puntos más importantes de los articulados de los proyectos desde el punto de vista de la experiencia con los trabajadores de las fábricas y empresas recuperadas.
A los efectos de organizar el análisis, los asesores se dispusieron a analizar en forma conjunta y comparativa el texto de la ley vigente, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el impulsado por la diputada Victoria Donda (Libres del Sur-Buenos Aires) a los efectos de unificarlos en un solo texto.
La asesora de la diputada Vilma Ibarra (Nvo. Enc. Popular y Solidario-CABA), presidenta de la comisión de Legislación General, explicó que “el proyecto del Ejecutivo sólo se centra o se refiere a las modificaciones de la etapa de la quiebra. Mientras que el de Donda, plantea modificaciones para la etapa previa, es decir, la del concurso y en este sentido defiende el derecho de información a través de un Comité de Control y el derecho a los créditos laborales, propuestos en el nuevo artículo 48 bis”.
Al respecto, la asesora de Donda, explicó que “el mencionado artículo tiene como propósito lograr que las empresas no quiebren porque los trabajadores nunca quieren llegar a esa instancia”. Y destacó que ambos proyectos coinciden en otorgar más beneficios a las cooperativas de trabajo que se formen en empresas al borde del concurso o la quiebra.
En esta línea, desde las filas del oficialismo, un portavoz arriesgó que ambos proyectos estaban cambiando el eje de la discusión. “El espíritu de estas iniciativas es que cuando una empresa quiebra pueda seguir funcionando en manos de los trabajadores. Hasta hoy el criterio dominante era que la empresa desapareciera”, aseguró y comprometió a sus compañeros a re-redactar “varios artículos” para adecuarlos al nuevo espíritu.
Entre los puntos más importantes que definieron los asesores en una reunión que al final duró más de dos hora horas y medias fueron:
- Que las cooperativas podrían tomar el control de la empresa a pesar de las negociaciones de venta que esté realizando el propietario o de los derechos sobre la compañía que tengan los acreedores. Es decir que, se intenta que en los procesos de concurso la cooperativa tenga privilegios para quedarse con la empresa antes que el empresario pueda venderla haciendo un acuerdo.
- Que se instaure un comité de control en el que los trabajadores tengan poder en las negociaciones. Ese comité tendrá representantes de los acreedores y de los empleados, en este último caso uno por cada rama de actividad de la compañía, con un mínimo de tres.
- Que los trabajadores, con sólo probar la deuda de tres meses de salarios adeudados, puedan pedir la quiebra en forma directa y la creación del comité de control.
- Que se fije un piso de negociación, por debajo del cual las empresas concursadas no pueden cerrar acuerdos.
- Que se derogue el inciso de la Ley de Quiebras que deja sin efecto los convenios colectivos de trabajo durante tres años.
- Que una vez que los bienes de la empresa pasen a manos de la cooperativa, se suspendan los derechos de ejecución de deudas prendarias o hipotecarias.
- Que un trabajador pueda denunciar la existencia de una relación laboral encubierta y que inclusive pueda pedir la quiebra, a pesar de que el acuerdo concursal ya esté cerrado.
- Que cuando una empresa en quiebra quede bajo control de una cooperativa, el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) deban renunciar al 50 por ciento de sus acreencias.
Desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Macellari consideró que es necesario un cambio integral de la ley para quitarle definitivamente su impronta neoliberal y explicó que “la diferencia fundamental es que en la propuesta del Ejecutivo no se prevén modificaciones para la etapa concursal. Es ahí donde se suelen dar los vaciamientos. Además, los concursos se extienden por tanto tiempo que las cooperativas muchas veces no aguantan”.
Además, esta abogada entregó a los asesores una propuesta de redacción del controvertido artículo 48 bis.
En tanto, Caro explicó que “sólo el año pasado quebraron más de mil empresas, muchas de las cuales se podrían haber salvado junto con miles de puestos de trabajo. La alternativa cooperativa no es voluntarista: cientos de ellas han demostrado en la última década que son viables para los trabajadores”. A la hora de sentar postura, el abogado del MNFR defendió el proyecto del Ejecutivo y a su vez impulsó las modificaciones del derecho a la información para los trabajadores “para que no siga pasando como ahora que la empresa quiebra y los últimos en enterarse son los laburantes”, explicó.
Si bien, los asesores del Frente para la Victoria y de los partidos de centroizquierda dejaron entrever una amplio consenso para que avance el tratamiento de estas iniciativas, lo cierto es que desde el macrismo, la UCR, el Peronismo Federal y la Coalición Cívica mostraron dudas con respecto a las modificaciones propuestas para la etapa del concurso y los temas procesales. En este sentido y a los efectos de demorar el tratamiento, propusieron que se invite a la comisión a abogados constitucionalistas que puedan explicar las ventajas y desventajas de los cambios propuestos. Ahora es turno de la presidencia de la comisión y de los diputados decidir los pasos a seguir.