Con la presencia de siete senadores, el plenario formado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Seguridad Interior y Narcotráfico se volvió a convocar para continuar con el tratamiento de los llamados proyectos de seguridad: desarmaderos, ley de armas y declaración de emergencia en seguridad por un año, fueron las iniciativas que se discutieron en el anexo del Senado. El proyecto sobre desarmaderos de automotores tendría dictamen la semana próxima.

En una reunión en la que se lograron escasos avances en relación a los expedientes en cuestión, el proyecto que establece la clausura de los desarmaderos de automotores y prohíbe la comercialización, transporte y almacenamiento de autopartes sufrió algunas modificaciones en su letra chica, en particular en lo referente al establecimiento de nuevas figuras penales y a la creación de un sistema de grabado para las autopartes, que no estará a cargo de la cámara privada del sector, sino de la autoridad pública de aplicación.

A partir del pedido del senador oficialista, Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), autor del proyecto, no se firmó dictamen de la iniciativa en la presente reunión ya que el legislador “solicitó más tiempo para analizar el texto”, según explicó Sonia Escudero la presidenta de la Comisión. El texto definitivo se hará circular entre los senadores, para obtener dictamen del mismo la próxima semana.

También, en el plenario de la comisión, se trató el proyecto de la senadora Hilda “Chiche” Duhalde (PF-Buenos Aires) para declarar la emergencia en materia de seguridad por un año. En primer lugar, la bonaerense reprochó que “el proyecto que se formuló y elaboró en asesores no tiene nada que ver con el mío”.

Debido al amplio espectro que pretende abarcar su declaración, la presidenta de la comisión, Sonia Escudero (Justicialista 8 de oct.-Salta), sugirió dividir el proyecto en dos apartados: la creación de un Consejo Federal Penitenciario, en tanto se trata de una solución muy compleja, por un lado; y por otro, aquellas medidas más específicas se pueden adoptar con “más rapidez”.

Desde el bloque oficialista, ya se adelantó el rechazo a la declaración de emergencia en materia de seguridad. En este sentido, la senadora Nanci Parrilli (FPV-PJ) declaró: “Existe el delito, pero también existe un clima enrarecido, potenciado por algunos medios”.

Por último, respecto al proyecto sobre control de armas impulsado por la salteña Sonia Escudero (Justicialista 8 de oct.), cuyo objetivo es limitar el acceso de las armas en manos de civiles y crear la autoridad nacional de control de armas y explosivos –que reemplazará al RENAR (Registro Nacional de Armas)-, todavía no consiguió las ocho rúbricas necesarias para el dictamen: se quedó estancado en las cuatro adhesiones.

En relación a estos tres proyectos, que aún permanecen en la indefinición, se ajustarán los últimos detalles en reunión de asesores para ser dictaminados en la semana próxima. Para lo que resta del año legislativo, la labor de la comisión girará en torno a los siguiente temas: el proyecto de seguridad vial de Nanci Parrilli (FPV-PJ-Neuquén), la tipificación del delito de genocidio de Graciela Di Perna (Trab. y Dignidad-Chubut), la creación de Juzgados Federales y el establecimiento de una comisión especial que analice una reforma al Código Penal. El controversial debate sobre el aborto parece no encontrar voluntad política, por lo cual se estima que deberá esperar hasta el año que viene para ser tratado.