19.11.10. En una concurrida reunión, los diputados de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano fracasaron en su intento de dar curso al proyecto de ley de la diputada Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba) que prohíbe las fumigaciones aéreas y la aplicación terrestre de plaguicidas y agrotóxicos. Dos de los que se opusieron firmemente, incluso a acompañar en disidencia, fueron Atilio Benedetti (UCR) e Hilma Re (CC), de la provincia de Entre Ríos. Luego de firmar dictamen a otros proyectos de ley y resolución previamente consensuados, los legisladores recibieron las denuncias de los vecinos de Vicente López y a los de la Asamblea de la zona sur del conurbano bonaerense.
El proyecto más conflictivo y también más importante del temario de la que sería la última reunión de comisión del año, fue el de la diputada del Interbloque Proyecto Sur que prohíbe la aplicación de plaguicidas, agrotóxicos u otros químicos, cualquiera sea el producto así como su dosis, en las pulverizaciones aéreas y terrestres en campos agropecuarios.
Si bien los asesores habían logrado un consenso y acordado modificaciones al texto original, y el proyecto había sido analizado en el mes de septiembre por especialistas durante una audiencia pública, lo cierto es que a la hora de firmar las opiniones cambiaron.
En el momento en que el presidente de la comisión, Miguel Bonasso (Diálogo por Bs. As.-CABA) anunció que hacía circular el dictamen, la diputada Hilda Re (UCR-Entre Ríos) pidió que el proyecto continúe en estudio y que se convoquen a la comisión a especialistas y productores agropecuarios para escuchar sus opiniones.
Su moción recibió el apoyo de otro entrerriano, el diputado Atilio Benedetti (UCR), quien también pidió más tiempo para analizar el proyecto en profundidad “por la gravedad del tema y los profundos efectos sobre el medio ambiente”, argumentó. En tanto, Carlos Urlich (UCR-Chaco) pidió que se realice una plenaria con los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a donde también fue girado el proyecto.
Desde la otra vereda, la autora del proyecto aclaró que “el texto final se había acordado con los asesores de todos los bloques políticos”, y objetó que “mientras nosotros discutimos, comienza la temporada de fumigaciones y continúa el padecimiento de los pueblos fumigados. Nuestro deber como legisladores es hacernos eco del debate que se está dando en la sociedad y marcar tendencia sobre este tema”.
“El daño que se está causando día a día es irreparable”, apoyó Bonasso; mientras que la diputada Alicia Comelli (MPN-Neuquén) explicó a los diputados que se oponían a dar curso al proyecto que “como el proyecto fue girado a varias comisiones, lo único que estaríamos haciendo con avalar el proyecto es sentar un precedente e instalar el tema en la agenda parlamentaria del próximo año”, y agregó que “cada comisión va a aportar su puntos de vista y nosotros sólo debemos opinar en función de la defensa de los recursos naturales. Por eso pido que se pase a la firma el expediente y que el año que viene se analice en el resto de las comisiones”.
Por su parte, la santafesina Verónica Benas (SI) aseguró que los informes médicos sobre los efectos de la pulverización con agrotóxicos son “contundentes y sensibilizantes”, y también recordó a sus colegas que “no estamos prohibiendo las fumigaciones aéreas, sino que estamos sustituyendo un procedimiento perjudicial para la salud por otro que lo sea menos”.
“Ya sabemos dónde vamos a encontrar las resistencias más fuertes. Por los intereses que defienden, los diputados de la Comisión de Agricultura van a poner los tacones de punta cuando reciban el proyecto. No seamos nosotros los que le pongamos palos en el camino”, reclamó.
Si bien la diputada Merchán pidió a los opositores al proyecto que “si no están de acuerdo aunque sea firmen el dictamen con disidencia parcial o total para girar el debate a la Comisión de Agricultura, donde se abordarían aspectos del proyecto más relacionados con la producción”, lo cierto que aún firmando en esas condiciones no lograban juntar las 8 firmas necesarias para emitir dictamen.
Los seis firmantes del proyecto–solo faltaban dos-, además de Cecilia Merchán, fueron: Miguel Bonasso (Diálogo por Bs. As.-CABA), Verónica Benas (SI-Santa Fe), Jorge Cardelli (Mov. Proyecto Sur-CABA), Miriyam Gallardo (FPV-PJ-Tucumán) y Alicia Cornelli (MPN-Neuquén). La UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal no acompañaron el proyecto, dejando su definición pendiente para el próximo año.
Luego sí, los diputados de esta comisión se dispusieron a escuchar las denuncias de las integrantes de la Asamblea Vecinal de la Zona Sur del Conurbano Bonaerense, quienes informaron sobre la situación de riesgo a la que están expuestos a causa de las radiaciones de las antenas de telefonía celular.
En este sentido, Sabrina, mamá de un nene con cáncer a causa de la radiación de estas antenas, aclaró que “no estamos en contra de la utilización de teléfonos celulares, sino que pedimos que se cambie la tecnología”, y aseguró que “tenemos pruebas de que la radiación que liberan estas antenas provocan cáncer en los más chicos”.
Los vecinos señalaron que existen tecnologías alternativas y saludables al actual sistema, como el cable coaxil, que ya se está utilizando en otros países y que son mucho menos nocivas y dañinos para la salud de los vecinos.
En tanto, Sabrina comentó que los vecinos se organizaron y realizaron un censo en 2 barrios de la zona Sur donde hay antenas de telefonía celular instalada a 500 metros de las casa de familia y el resultado que obtuvieron fue contundente: “El 40 por ciento de las personas que viven a dos cuadras a la redonda de estas antenas está enfermo de cáncer”, aseguraron los vecinos. Entre las enfermedades más frecuentes que genera la exposición a estas antenas son: migraña, insomnio, lupus y, como dijimos, cáncer.
Las vecinas solicitaron que se elabore un informe de impacto ambiental y un proyecto de ley para dar respuesta a la grave situación que padecen.
En esta línea, la diputada Comelli propuso avanzar en la redacción de una ley de Presupuesto Mínimos que establezca estándares aceptables para que el día de mañana, las grandes empresas de telefonía celular se readecuen a la norma. La diputada del bloque SI, Verónica Benas (Santa Fe), sugirió que también se pueden realizar pedidos de informes a los entes de control para que den una explicación a la problemática.
Ante este planteo, la presidencia de la comisión resolvió convocar a los asesores en el mes de diciembre para avanzar en la redacción de los textos. “El problema es gravísimo y no podemos esperar hasta marzo que arranquen las sesiones ordinarias”, sentenció Bonasso.
Finalmente fue el turno de los vecinos de la Asamblea Unidos por el Río, quienes informaron sobre el proyecto inmobiliario Vial Costero, y los cambios de códigos de edificación para proyectar mega emprendimientos inmobiliarios que avanzan sobre la costa de la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires.
Ignacio Barousse, uno de los integrantes de la comitiva, dio detalles sobre las irregularidades en la diagramación, conformación e implementación del proyecto de obra y sus consecuencias ambientales presentes y futuras sobre el Paseo de la Costa de Vicente López. “El impacto ambiental es tan grande como los intereses inmobiliarios que hay detrás de este proyecto”, aseguró el vecino y denunció “No se realizaron las audiencias públicas correspondientes, ni tampoco se aprobaron los informes de impacto ambientes necesarios para el inicio de todo emprendimiento de estas características”.
Por su parte, Edgardo Estrin, el arquitecto del grupo, explicó que “se está comenzando la construcción de un shopping en el que era el campo de deportes y la pista de bicicros del barrio” y que este emprendimiento inmobiliario “es el primer mojón para apoderarse de más de 40 hectáreas de tierras públicas”.
Respecto a la connivencia de empresarios con concejales y funcionarios públicos, los vecinos aseguraron que “a pesar de la conformación actual del Concejo Deliberante con minoría del oficialismo, el Intendente Enrique García pudo construir una mayoría automática mediante oscuros acuerdos con cinco concejales pertenecientes a otros partidos políticos. Esa situación impide detener las obras de la avenida costera y bloquea toda revisión de la concesión directa, sin licitación, de siete hectáreas de tierras del dominio público para ser ocupadas por un shopping y que deberían ser destinadas a parque ribereño”, sentenciaron.
Ante este reclamo, la diputada Verónica Benas propuso que la comisión se expida a través de un proyecto de comunicación en la cual se exprese la perplejidad que causan esas irregularidades junto con la manifestación de un estado de preocupación por la utilización de fondos federales en obras que, según los vecinos, fueron ideadas y diseñadas por emprendedores particulares.
En tanto, Bonasso apoyó la propuesta de la diputada del SI y manifestó toda su solidaridad con la lucha de los vecinos y sus organizaciones, con el compromiso de seguir escuchándolos y de realizar futuras acciones desde esa comisión en pos de proteger los espacios verdes públicos de Vicente López y su espacio ribereño.