Esteros del Iberá
La diputada Verónica Benas (SI), planteó la necesidad de especificar algunas restricciones en las llamadas zonas de seguridad de frontera y la protección de los recursos naturales que se encuentren dentro de un campo.
En la reunión, a la que asistió Directorio Legislativo, dijo que “la norma que sancionemos no tenga limitaciones que tengan que ver con la protección de los recursos naturales estratégicos. El recurso suelo es tal vez el principal de los recursos estratégicos que está en cuestión en esta norma, que es un recurso no renovable y codiciado”.
Por su parte, el socialista Viale se refirió al tema del paisaje: “Más allá del propio paisaje, hay que considerarlo en función de los recursos estratégicos. En cuanto a las 17 o 22 millones de hectáreas, deberíamos saber dónde están ubicados, sobre qué recursos, si son recursos estratégicos para nuestro país, si son reservorios de agua dulce, o zona de frontera, que no se mencionó. El proyecto oficial simplemente plantea que la autorización del ministro del Interior es suficiente para aprobar la venta de zonas fronterizas. Nos parece una barbaridad que el Congreso no sea parte de la discusión de ese tema, porque le compete a toda la Nación”.
Por otra parte, el representante de Proyectos Sur y ex candidato a vicepresidente de Proyectos Sur, Jorge Cardelli (CABA) afirmó que “tenemos la experiencia de la ley 26.160 vinculado con la creación del registro y de lo que representan las propiedades de las poblaciones indígenas. Esta ley lleva varios años y el registro no se ha podido hacer. Los principales opositores a este registro, en general, son las provincias. Entiendo el ataque de federalismo de muchos diputados, pero hay que tener en cuenta que si no hay una fuerte presión nacional por la construcción de un genuino registro de lo que es la tierra, esto no va a existir”, aseguró el diputado.
Según pudo saber Directorio Legislativo, a raíz del trabajo que se viene realizando con la diputada Benas y con el ministro Julián Domínguez, la cartera de Agricultura estuvo trabajando en relación con algunas modificaciones en el sentido de determinar no sólo el 20 por ciento nacional, sino que ese mismo 20 por ciento se aplicara a cada provincia y a cada municipio, y esto se cruzaba además con las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, que representan entre 15 y 17 millones de dólares.