El proyecto insta a igualar los precios de los teléfonos celulares.
La dinámica de la campaña política impacta en el ritmo legislativo, disminuyendo la frecuencia de sus reuniones. La Comisión de Usuarios y Derechos del Consumidor de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires no escapa a esta lógica. Sin embargo, Directorio Legislativo consultó a la presidencia de la comisión, averiguando que entre los expedientes en estudio en los despachos de los senadores, se encuentra el Nº F-485-11/12, perteneciente al senador Mariano Grau (GEN-PS), respecto de los precios de comercialización de aparatos de telefonía celular.
Allí se establece que a través de la Secretaría de Comercio Exterior, prohíba que los celulares liberados tengan un precio mayor que un equipo comprado en una determinada compañía de servicios de telefonía celular. En otras palabras, el proyecto insta al Ejecutivo nacional a igualar los precios de los teléfonos celulares, sean estos liberados o pertenecientes a una compañía en particular.
La diferencia de precios entre un celular liberado y uno con contrato con una determinada compañía, alcanza en ocasiones el ciento por ciento, con lo cual los usuarios se ven obligados a mantener sus contratos preexistentes o realizar nuevos con otras empresas proveedoras de servicio.
Por otra parte, el proyecto también surge atendiendo al hecho de que la variedad de productos ofrecidos con un pre-contrato, es mucho más amplia que la de los equipos liberados, constriñendo las opciones de los consumidores.
Esta situación afecta a los casi 36 millones de usuarios que existen hoy en la Argentina, e infringe la Ley Nº 25.156, de Defensa de la Competencia.
Desde la secretaría de la Comisión de Usuarios y Derechos del Consumidor se le comunicó a Directorio Legislativo las perspectivas optimistas que tiene respecto a esta iniciativa. Se lo calificó como “muy bueno” y se aseguró que “sale tal como está, sin modificaciones”. Sin embargo, resaltó que de aprobarse, el proyecto no tendría un poder vinculante, en la medida que solamente el Ejecutivo Nacional tiene competencia para regular en materia de precios de productos comercializados en todo el país.
Otro proyecto que los miembros de la comisión mantienen en estudio, perteneciente también al senador Grau, propone obligar a las empresas a dar un certificado de baja a los usuarios que ya no requieran sus servicios, tanto las prestadores de telefonía móvil como las redistribuidoras de TV por cable e internet, y de medicina prepaga.
La certificación de la baja del servicio, deberá hacerse en 72 horas. La norma prevé que aquellas empresas que no cumplieran, sean sancionadas según el artículo 47 de la Ley Nº 24.240, de Defensa del Consumidor.